Un grupo de niños en una clase. / R. C.

El Constitucional admite el recurso de Vox contra la Ley de la Infancia

La norma fue aprobada por 268 diputados, el mayor respaldo en esta legislatura; solo los congresistas de Vox votaron en contra

J. M.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados del Grupo Parlamentario de Vox contra varios preceptos de la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El Tribunal ha acordado que se dé traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno de la demanda y los documentos presentados, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Los demandantes alegan que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

El magistrado Andrés Ollero será el ponente

De la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, ex portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados y próximo al Opus Dei.

La ley de la Infancia fue aprobada el pasado mes de abril en el pleno del Congreso con el mayor consenso político vivido en esta legislatura y entre los aplausos de los representantes de las ONG: 268 diputados votaron a favor con la única oposición frontal de los 52 diputados Vox.

La norma persigue poner coto a las decenas de miles de casos de maltrato, acoso escolar, extorsión digital ('grooming'), abusos sexuales o violaciones que sufren cada año los niños y adolescentes españoles. En su punto clave, establece que los pederastas podrán ser perseguidos al menos hasta que su víctima cumpla 40 años, lo que retrasa 17 años el momento en el que las denuncias por abusos sexuales o violaciones a niños son efectivas y pueden llevar al banquillo al agresor.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, resumió su espíritu con trs mensajes. Uno para toda la sociedad, pero sobre todo para las familias, en cuyo seno se producen la mayoría de los abusos: «La violencia contra los niños no es aceptable y no la vamos a permitir». El segundo, para menores: «Ninguna persona tiene derecho a violentaros. Nadie tiene derecho a tocaros si no queréis. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa. Si alguien os hace algo, nunca es culpa vuestra. Pedid ayuda, que os vamos a ayudar». Y el último, que provocó protestas en las bancadas conservadoras, para la jerarquía católica: «La Iglesia ha sido cómplice durante demasiado tiempo, encubriendo abusos en su seno, y esto tiene que terminar».