La ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Javier Lizón / EFE

La piedra angular de la nueva Formación Profesional será la conexión con la empresa

La norma apuesta por un sistema flexible que acabe con el divorcio entre el aprendizaje educativo y el orientado a encontrar un empleo

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, cuya piedra angular será la conexión con el mundo de la empresa. La iniciativa concederá más competencias a las entidades empresariales para participar en el diseño de los cursos y en la evaluación de los alumnos. La norma, que aspira a suscitar el consenso de patronal, sindicatos, partidos políticos y comunidades autónomas, pretende ayudar a modernizar la economía y resolver el exorbitante paro juvenil, que entre los menores de 25 años escala a un 35%.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, subrayó que es imperioso dotar a los jóvenes de un empleo digno y de calidad, y subrayó que estudiantes que apuestan por la FP sufren «seis veces menos paro» que los demás. El texto que ha obtenido el visto bueno del Ejecutivo trata de disolver la separación existente entre la FP que se imparte en los centros escolares y la que se adquiere en los centros de trabajo, ámbitos que tradicionalmente han estado incomunicados. En este sentido, el proyecto prevé un sistema dual, con una formación de carácter general que se adquiere en un 25-35% en la empresa, y otra intensiva, que estará dotada de una carga lectiva en los centros de trabajo de entre el 35 y un límite máximo que no se específica. Las prácticas, eso sí, serán siempre remuneradas.

La idea de las autoridades educativas trata de plantear una oferta «flexible y atractiva», tanto para los estudiantes como para los trabajadores. La ley, que ahora pasará a debatirse en el Parlamento, prevé la creación de un tutor de empresa que examinará una parte de los conocimientos del alumno. Asimismo, el proyecto contempla la integración de todas las modalidades de la FP y la posibilidad de realizar cursos de menor duración que los actuales.

«Impacto presupuestario»

La ley contará con un «impacto presupuestario» de 5.474,78 millones de euros durante su implantación en cuatro años. Para prestigiar a la que era hermana pobre del sistema educativo, el Gobierno ha financiado la creación de 120.000 nuevas plazas de FP, número que ascenderá a 200.000 en 2023. Este impulso se tradujo el curso pasado en un incremento de las matrículas en Formación Profesional del 9,5%.

El proyecto pretende que los alumnos matriculados en la FP superior puedan cursar materias optativas en las facultades, y al revés, de manera que los dos ámbitos se conviertan en vasos comunicantes.

La norma intentará contribuir a atenuar las disfuncionalidades del mercado laboral. España cuenta con muchos trabajadores con estudios universitarios, frecuentemente sobrecualificados, y un elevado número de empleos que requieren escasa preparación. En medio de estas dos realidades, el sistema adolece de falta de perfiles con cualificaciones intermedias, circunstancia que hace que las empresas topen con dificultades para cubrir esos puestos, toda una paradoja en un mercado laboral cuya tasa de paro es el doble que la media europea.

Según Alegría, la ley incorpora medidas para que exista un reconocimiento de las competencias de los trabajadores que no tengan formación pero sí experiencia en un determinado trabajo, con el fin de sean «menos vulnerables» a la hora de cambiar de empleo. Con este nuevo sistema las autoridades educativas piensan que más de tres millones de personas podrán acreditar sus competencias en cuatro años, cuando tan solo 300.000 lo han hecho con el modelo aún vigente.

El objetivo que se busca es reconocer oficialmente al gran número de trabajadores (hasta 11 millones, según cálculos empresariales) que a pesar de tener un elevado grado de experiencia profesional carecen de títulos que lo demuestren. A este respecto, el Ejecutivo tiene previsto destinar 850 millones de euros hasta el año 2024.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO, persigue imitar este tramo formativo a «los mejores modelos europeos», en especial el alemán, según destacó la titular de Educación.

La oferta formativa se estructura en cinco niveles, llamados A, B, C, D y E, con el fin de que cada persona pueda configurar itinerarios propios adaptados a sus necesidades laborales. El más básico, el A, también denominado microformación, sirve para conceder «acreditaciones parciales de competencias». La superación de todas las acreditaciones parciales de un módulo profesional comportará la consecución de un certificado de competencia profesional, el nivel B. El siguiente, el C, se obtendrá mediante el estudio de varios módulos y se traducirá en la obtención de un certificado profesional. El D coincide con los actuales ciclos formativos de Formación Profesional. Por encima de ellos se coloca el nivel E, integrado por los llamados cursos de especialización.