Fachada de la Consejería de Educación en la capital grancanaria. / Arcadio Suárez

Una orden de Educación «pondrá en peligro la formación» de 5.000 adultos en Canarias

Las direcciones de los centros critican que el Gobierno canario limite a cuatro años la permanencia en la enseñanza básica inicial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria.

El alumnado de los Centros de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) matriculado en la Formación Básica Inicial (FBI) podrá permanecer en esta modalidad un máximo de cuatro años según una orden de la Consejería de Educación publicada en el Boletín Oficial de Canarias hace unos días. Lo denuncian los directores y directoras de estos CEPE, quienes recuerdan que en la Formación Básica Inicial (FBI) actualmente en Canarias se contabilizan 4.683 personas, distribuidas en 237 grupos por todo el archipiélago.

« El perfil de este alumnado comprende personas mayores, en proceso de envejecimiento activo, alumnado con necesidades educativas especiales que encuentran en esta modalidad una respuesta a sus demandas de socialización y aprendizaje, alumnado derivado de los servicios sociales municipales, en algunos casos, en riesgo de exclusión social; asimismo, alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma, y finalmente, alumnado en otras múltiples situaciones. Un gran porcentaje de ellos, en su mayoría mujeres pero también hombres, forman parte de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad», destacan en un comunicado.

Discriminación

A juicio de las direcciones de los CEPA entienden que «restringir el acceso a la educación permanente a lo largo de la vida a cualquier persona, y en especial a este perfil de alumnado, es llevar a cabo una discriminación selectiva en centros públicos de enseñanza voluntaria a personas a las que les asiste el derecho a la educación, tal como dicta la Constitución española y resto de leyes».

Aplicar esta orden, advierten, «significará que para el próximo curso escolar, casi 5.000 personas en Canarias perderán su derecho a matricularse en los Centros de Educación de Personas Adultas. Es decir, se le negará a este colectivo la posibilidad de continuar su aprendizaje y formación en competencias funcionales para la vida, adaptadas a sus necesidades». Y reclaman la «dimensión social» de este tipo de educación. Y «significará desandar todo lo andado socialmente y dejar en sus casas, sin más opción, a todas estas personas», lamentan.