Llevan al Gobierno canario a Fiscalía por «incumplir» la ley de Educación

23/05/2019

La Plataforma del 5% denuncia al Ejecutivo regional ante el TSJC por no incrementar de forma progresiva la financiación para alcanzar en 2022 la inversión prevista en función del PIB.

La Plataforma 5% para Educación ha denunciado al Gobierno canario ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) «por la posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria». La decisión, señala la plataforma en un comunicado, «se toma ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo y su falta de respuesta frente a las reclamaciones de que, como le corresponde, no se salte lo estipulado en la ley, que obliga a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en 2022, incrementando progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, lo que no ha sucedido».

La plataforma ciudadana señala que recientemente sus miembros tuvieron un encuentro con el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, «para interesarse por el estado de la queja expresada ante esa institución en noviembre pasado por los reiterados incumplimientos del Gobierno canario de lo establecido en la ley, que obliga a incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo de modo que el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la ley, como mínimo en el 5% del PIB». La plataforma destaca «las respuestas evasivas de la Consejería de Educación, de sus incumplimientos de los plazos de respuesta obligados por ley que han obligado a la Diputación de Común a recordarle esta obligación legal».

Según este colectivo, «el presupuesto consolidado de Educación en Canarias, desde la aprobación de la ley en 2014 hasta esta legislatura de 2019, ha crecido en términos absolutos, pero ha decrecido en relación al PIB, pasando del 3,79% en 2014 al 3,63% del PIB en 2019, «hasta el punto de que los últimos cuatro presupuestos han sido los peores desde las transferencias de Educación a Canarias».

En su respuesta al Diputado del Común, el Gobierno canario afirma que «en cumplimiento de la ley [Canaria de Educación no Universitaria] se ha producido un incremento continuado del presupuesto de Educación en toda la legislatura». Según la plataforma, «se deduce de esta respuesta que el Gobierno pretende dar a entender que basta con aumentar el presupuesto en términos absolutos para cumplir con su obligación de elevar progresivamente el presupuesto educativo entre 2014 y 2022 para alcanzar como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto».

Al aprobar la ley, añade la nota, «el legislador se compromete a un incremento progresivo del presupuesto hasta llegar al 5% del PIB, como mínimo, en 2022, lo que implica que el presupuesto de Educación debiera crecer cada año de ese periodo más que el PIB». «Desde este punto de vista, cada presupuesto inicial de esta legislatura ha incumplido la Ley Canaria de Educación ya que ha bajado desde el 3,65% de 2015 al 3,63% de 2019», concluye.

«Ante estos reiterados y flagrantes incumplimientos y ante la falta de colaboración con la Diputación del Común, la Plataforma 5% para Educación ha decidido dar traslado a la Fiscalía del TSJC de los hechos que constituyen una posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria», resume la plataforma, que opina que «retrasar la financiación prevista significa retrasar también las medidas necesarias para que el alumnado canario disfrute de la educación digna a la que tiene derecho».

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