Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. / C7

La justicia avala que los titulados en Bellas Artes den clase en las escuelas de diseño

Una sentencia plantea la ilegalidad de la orden de 2018 de la Consejería de Educación que impedía acceder a licenciados a las listas de empleo

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón a nueve licenciados en Bellas Artes que interpusieron un recurso contra la orden e la Consejería de Educación del Gobierno canario que les impedía puntarse a las listas de empleo de interinos para ser docentes en las escuelas de diseño.

Educación dictó en 2018 la convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño para nombramiento de personal docente, «por agotamiento de las listas vigentes». Pero la orden de mayo que establecía las titulaciones para ello incluyó un cambio «radical». En los requisitos académicos que debían acreditar los aspirantes licenciados o egresados en Bellas Artes, «se le vino a exigir ahora el requisito adicional, de disponer , además de la titulación universitaria, de alguna de las especialidad tituladas por las propias escuelas superiores de Artes Plásticas y Diseño, escuelas donde durante más de ocho años estos licenciados o egresados habían prestado servicios como profesores en régimen de interinidad sin más requisito que su titulación universitaria», resumen desde el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

«Muchos habíamos dado clase, pero solo un año, no teníamos la experiencia de dos años que te pedían. Y de repente, todos los del Bellas Artes rechazados. Gente con doctorados, máster incluso con el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)», comenta Dácil Bueno, una de las afectadas. «Lo que se nos venía a decir es que los universitarios teníamos que tener una FP»

Ante este cambio crearon una Plataforma de afectados de Bellas Artes, y al tiempo que recababan el apoyo de la Universidad de La Laguna, titular de la única Facultad de Bellas Artes en Canarias, presentaron escritos y recursos en la propia Consejería.

La sentencia anula la resolución por la que se realiza la convocatoria «únicamente en el extremo que afecta» a las nueve personas que recurrieron, por lo que se les reconoce «su derecho a integrar las listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño en su condición de licenciados y graduados en Bellas Artes». Y, además, recomienda que se plantee una «cuestión de ilegalidad» a la orden sobre las titulaciones académicas exigidas.

El fallo no es firme, y los servicios jurídicos de la Consejería de Educación valoran si recurrirán, o no, la sentencia.

Un periplo de más de dos años y negociaciones con tres equipos

La Plataforma de afectados de Bellas Artes, creada tras la orden que dictó Educación y que impedía a las personas egersadas o licenciadas en Bellas Artes incorporarse a las listas de empleo interino de las escuelas de diseño, ha estado esperando más de dos años por la resolución de esta «discriminación». La Universidad de La Lagunas (ULL) incluso presento un informe explicando la idoneidad académica de los licenciados o egresados en esta disciplina pues Educación estimaba que no tenían conocimientos técnicos: «Las enseñanzas académicas del grado universitario están basadas en obtener conocimientos genéricos, en cambio las enseñanzas de régimen especial imparten una formación muy específica siendo los perfiles del profesorado cada vez más especialista en formación teórica como práctica», aducía Educación.

Con el cambio de Gobierno, tras las elecciones, la plataforma comenzó a reunirse con el equipo de la consejera, María José Guerra, y llegaron a acercar posturas. Tras la dimisión de ésta, se incorporó de forma provisional José Antonio Valbuena, hasta que el pasado mes de junio fue sustituido por Manuela Armas. Desde entonces poco se había avanzado, un periplo de casi tres años y tres equipos diferentes, pero la solución para las personas afectadas ha llegado por la vía judicial.