Bruselas reabre el caso de un niño rechazado en una escuela infantil

22/09/2019

La discapacidad del menor fue el argumento que utilizó el Ayuntamiento de La Laguna para denegarle la matrícula en un centro municipal. El Parlamento Europeo ve un trato discriminatorio

En 2015, la Comisión de Peticiones (en inglés PETI) del Parlamento Europeo remitió una carta a Albano de Alonso, el padre de un menor con discapacidad de Tenerife, informándole de que la petición que había hecho dos años antes solicitando a ese órgano que abordara una «supuesta discriminación de menores con discapacidad por parte de las autoridades españolas» quedaba en aquel momento fuera del ámbito del Derecho de la Unión Europea (UE). La semana pasada, cuatro años después de aquella misiva, el padre de Diego recibió otro escrito sellado en Bruselas. Le decían que reabrían el caso y que el 3 de octubre lo analizaban.

Diego no fue admitido cuando tenía dos años y medio en una escuela de educación infantil dependiente del Ayuntamiento de La Laguna porque tenía parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67%. Su discapacidad, argumentó entonces el Ayuntamiento, no «era compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo». Su hermano mellizo, que no tenía discapacidad, sí fue incluido en las listas de admisión.

Albano de Alonso presentó quejas ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Cermi Canarias, denunció la situación ante la UE, la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) del Gobierno de España y ante el diputado del Común de Canarias. Todos mostraron su «preocupación», pero los derechos de Diego «no llegaron a restablecerse», asegura su padre.

Al niño no lo admitieron nunca en la escuela infantil y tuvieron que escolarizarlo a una escuela infantil privada: A él y a su hermano porque «no era factible que cada mellizo fuera a una guardería distinta», recuerda De Alonso.

Ahora quiere que su testimonio ante la PETI, donde ha sido invitado a intervenir durante cinco minutos, sirva para que «se sepa que España sigue sin garantizar el derecho a la educación inclusiva». Quiere «denunciar esta situación y, «por encima de todo», asegura, «pedir que no se repita más».

Diego tiene ahora nueve años y está en tercero de primaria. Desde los tres años está escolarizado en un colegio público ordinario preferente para motores. Su hermano mellizo va al mismo centro. Los dos «crecen felices».

Sorpresa

Para Albano de Alonso fue una «sorpresa» recibir el escrito de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo diciéndole que recuperaban su caso. Creía que en 2015 habían «sepultado» su petición.

El próximo 3 de octubre, a las once y media de la mañana, este profesor de Lengua y Literatura espera poder agradecer personalmente a los miembros de la PETI que la Unión Europea (UE) haya incorporado a su corpus legislativo la discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito educativo.

De Alonso dice acoger con «mucha esperanza» la recuperación de su caso y espera que «abra un camino y haga reflexionar a todas las personas que componen esta comisión sobre la necesidad de alertar y apercibir si fuese necesario a cada país y a cada región de la UE ante las continuas violaciones de derechos de los colectivos más vulnerables».

Tiene claro que en esos cinco minutos que le darán para hablar pondrá en evidencia que ni el modelo educativo español ni el canario son inclusivos, sino que, por el contrario, «segregan». En 2017 ya lo dijo la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras una investigación confidencial, expertos de derechos humanos concluyeron que en España «la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación».

De Alonso agrega que «la educación pública española incumple sistemáticamente el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada hace trece años e incorporada al ordenamiento jurídico español en 2008» y ante la PETI dirá que «perpetua en su modelo educativo un patrón estructural de exclusión y segregación discriminatorio», con, por ejemplo, la existencia de centros de educación especial. «En Canarias hay once centros de estos, a donde son desviados niños y niñas de todas las edades con necesidades educativas específicas cuyas adaptaciones se apartan significativamente del currículo.

Su hijo Diego, con una discapacidad del 67%, va a un centro ordinario algo que, a su juicio, «demuestra que, salvo en determinadas situaciones en las que necesita ayuda para moverse, es un niño como todos los demás y no se le puede obligar a educarse al margen de la enseñanza ordinaria». Por eso considera que «es el sistema el que debe adaptarse a cada alumno, y no dejar a nadie atrás».