Sanitarios trabajan en la UCI de un hospital granadino. / Pepe Marín

Echa a andar el Centro Nacional de Salud Pública, que estará fuera de Madrid

El Consejo de Ministros aprueba hoy el ente que coordinará la respuesta a crisis sanitarias y pandemias como la covid

José Antonio Guerrero
JOSÉ ANTONIO GUERRERO Madrid

El Consejo de Ministros aprobará este martes la puesta en marcha del Centro Nacional de Salud Pública con el que la ministra Carolina Darias quiere armonizar las competencias del sistema sanitario y prepararlo para actuar ante cualquier amenaza para la salud pública. El organismo está llamado a mejorar la coordinación de los indicadores de salud entre las comunidades autónomas y los entes estatales, así como las respuestas a crisis sanitarias como la covid-19. Su ubicación estará fuera de Madrid y el Ministerio lo ve como una de sus bazas para engrasar la sanidad pública española, de igual modo que agencias similares lo han hecho en países como Francia o Alemania protegiendo la salud de sus poblaciones con vigilancia y compartiendo información de todo lo que sucede.

El centro, según Sanidad, tendrá «autonomía funcional» para ejercer «las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuestas ante situaciones de emergencia sanitaria», como las pandemias, pero también las derivadas del cambio climático, la contaminación, el tabaquismo o la obesidad.

Los presupuestos de este año contemplan una dotación de cinco millones de euros para echar a andar un centro largamente reclamado por los expertos en salud pública. Uno de ellos, José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, recordaba ayer que el organismo ya venía recogido en la Ley de Salud Pública de 2011, que lo calificaba como «un mandato legal». El experto señala que, de haber entrado en funcionamiento a su debido tiempo, la respuesta a la crisis de la covid habría sido mucho más efectiva «y nos habríamos evitado muchas discusiones políticas, porque el centro habría dado a los gobiernos directrices técnicas poco discutibles». Esa es, a su juicio, una de sus grandez bazas.

Para Olmos, médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el equivalente en funcionamiento al Centro Nacional de Salud Pública podría ser la Agencia Europea del Medicamento, un organismo técnico que recomienda y toma decisiones «que son poco discutidas» y que trabaja en coordinación con las agencias nacionales.

Dónde se ubicará

Dos importantes incógnitas pesan sobre este nuevo ente estatal. Dónde estará ubicado y quién lo dirigirá. Del lugar sólo se sabe que estará fuera de Madrid, en línea con la idea del Gobierno de Pedro Sánchez de descentralizar organismos estatales de nueva creación. Aragón, Andalucía o la Comunidad Valenciana son algunas de las autonomías que han levantado la mano para acogerlo.

En cuanto a la persona que lo gestionará, los expertos en salud pública quieren que sea alguien «de reconocido prestigio y con una trayectoria profesional acorde al puesto». Sanidad baraja, entre otros nombres, el del conocido epidemiólogo Fernando Simón, actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), pero este nombramiento genera rechazos tanto políticos como sanitarios por ser una figura «muy quemada» por su gestión de la covid-19.

Concluido el trámite de información pública, que comenzó en septiembre del año pasado, los detalles definitivos del centro, también su ubicación y el nombre de la persona que lo dirigirá, pasarán a debatirse ahora en sede parlamentaria.

Los especialistas reclaman que el nuevo centro cuente con los medios necesarios para no caer en los errores de la pandemia, «una crisis sanitaria sin precedentes con unos sistemas de información muy débiles, sin homogeneizar y sin que existiera coordinación entre las comunidades autónomas ni un organismo estatal de referencia de la Salud Pública», expone en un documento la Sociedad Española de Salud Públicas (Sespas).

En opinión de los 30 expertos, pertenecientes a diez sociedades, que han colaborado con Sanidad en este documento, el centro debería tomar la forma de agencia, como la del medicamento, un tipo de institución que se caracteriza por «la autonomía, la agilidad y la flexibilidad en la gestión, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación por resultados» y tendría que organizarse «en red», con 17 «nodos autonómicos».

El profesor Martínez Olmos es un experto en salud pública. / R. C.

«El Centro puede acabar con la politización en las decisiones sobre salud pública»

El profesor y experto en salud pùblica, José Martínez Olmos (Guadix, 63 años), recuerda que en esta materia se trata de trabajar en prevención de enfermedades que pueden estar vinculadas, no solo a agentes infecciosos, sino también a la alimentación, el cáncer, o derivadas de la contaminación ambiental o el cambio climático. «Y eso requiere el trabajo de una organización que recoja los diferentes conocimientos que se aglutinan en torno a la salud pública, desde el conocimiento médico al epidemiológico, la estadística o el conocimiento sociológico». Por eso cree que en el Centro deberán confluir todas las políticas que tienen que ver con la salud, y no sólo las sanitarias. «La idea de que la salud esté presente en todas las políticas públicas se puede nutrir con organizaciones como esta, que es lo que hace por ejemplo el Centro de Control de Enfermedades de la UE o centros similares que hay en países como Francia, Reino Unido, Alemania… Centros que aglutinan a profesionales de las diferentes ramas, que establecen sistemas de vigilancia epidemiológica para analizar cómo están apareciendo las enfermedades, cómo están evolucionando y cuáles son sus factores determinantes», Otra de las funciones de este organismo será la de evaluar las políticas públicas cuando se interviene sobre un problema sanitario «y ver qué cosas han funcionado mejor o peor», así como acabar con la politización en las decisiones de salud pública. «Esto es un mal asunto porque genera dudas e incertidumbre en la población». concluye el especialista.