Una trabajadora de una residencia hace un test de antígenos a un anciano. / MARISCAL / EFE

El desafío de hacer de las residencias de mayores un hogar

El Gobierno y las comunidades se han dotado de un plan para cambiar el modelo de cuidados. Ahora faltan que se aporten recursos económicos

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

La historia dejó atrás el concepto de asilo de ancianos, lugar donde se recogía a personas desvalidas, sin recursos ni familia. La terminología ha cambiado, pero las herederas de aquellas instituciones, las residencias de mayores, siguen conservando reminiscencias de otros tiempos. La pandemia evidenció las vulnerabilidades de un modelo que permitía la masificación de los usuarios, circunstancia que favoreció la propagación de la covid y una altísima mortalidad. Esa lección ha hecho reflexionar a las administraciones.

El Gobierno y las comunidades autónomas quieren dar un giro de 180 grados al sistema. La idea es que los centros se adapten a las necesidades de los mayores que pasan el último tramo de su vida en estos lugares, y no al revés. Un diagnóstico compartido es que el personal que cuida a los dependientes en estas instituciones está mal retribuido y carece de la formación deseable. España se une, pues, a la lista de países que están repensando su modelo.

Conforme a los datos del Grupo del Grupo de Investigación del Envejecimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GIE-CSIC), se estima que en España hay 6.240 centros donde se proporciona alojamiento y manutención a personas que, en un 82% de los casos, tienen más de 80 años. Todas estas entidades ofrecen 391.000 plazas, que acogen a 281.000 usuarios, de los cuales el 70% son mujeres.

 

«Si en España se procuran unos 40 minutos al día en atención domiciliaria, en Dinamarca están dando 3,1 horas»

José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

 

Para el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Derechos Sociales y las comunidades autónomas «es un primer paso para avanzar en los cuidados de la larga duración». Tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuestan por que las personas de edad avanzada puedan vivir en su propio domicilio, y cuando no haya más remedio que ir a una residencia, esta se parezca lo más posible a su hogar.

A la luz del documento aprobado, que prevé la creación de unidades de 15 convivientes en las residencias, España se mira en el espejo de Dinamarca, donde coexisten centros de mayores de tamaño pequeño y una potente prestación de cuidados en el domicilio. «Si en España se procuran en general unos 40 minutos al día en lo que atañe a la atención domiciliaria, en Dinamarca están dando 3,1 horas para ayudar a la persona a desplazarse, bañarse, comer o vestirse», asegura García Navarro.

Inversión

Para homologarnos con los escandinavos hay que hacer un notable esfuerzo económico. España dedica a los cuidados de larga duración el 0,74% del PIB, mientras que la media de los países de la UE se cifra en un 1,5%. Pero aún hay más: los ocho países comunitarios más ricos destinan un 2,5% del PIB a esta finalidad.

Con diez votos a favor y nueve en contra, el Gobierno ha sacado adelante en el Consejo Territorial de Servicios Sociales un documento de requisitos mínimos que tiene por objeto la acreditación y control de calidad de los centros y servicios que atienden a los dependientes. Entre las nuevas exigencias, se establece que las residencias de nueva planta deberán tener al menos un 65% de habitaciones individuales y un cuidador por cada dos internos. Además, la ratio de personal deberá crecer hasta un 60%. Son medidas que aplaude Vicente Rodríguez, miembro del Grupo de Investigación del Envejecimiento del CSIC, aunque muestra su incertidumbre sobre las residencias ya construidas. «Lo que está claro es que todo esto no va a suceder mañana. No sé si será tan fácil adaptar los centros ya existentes, que pueden sufrir restricciones arquitectónicas y de organización del espacio, a las nuevas demandas para crear unidades de convivencia de 15 personas», argumenta Rodríguez.

 

«El Gobierno debe garantizar que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a los usuarios»

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS)

En un modelo como el actual, con una alta participación del sector privado, no es fácil compatibilizar la excelencia en las prestaciones con la rentabilidad del negocio. Según la estimaciones del CSIC, basadas en datos de 2019, el 73% de las plazas son de titularidad privada y un 27% públicas. Al final, las residencias públicas no siempre están gestionadas por trabajadores a cargo de las diferentes administraciones, de modo que estas se ocupan solo un 13% de las plazas.

«Obviamente, el modelo más exitoso el que pone el foco en la persona, criterio que está presente en el documento aprobado. Pero la atención centrada en la persona es muy exigente desde el punto de vista de los requerimientos del establecimiento. Y en eso yo no sé si se cumplirían todos los criterios que requiere el modelo teórico», aduce Rodríguez.

Los empresarios sostienen que el Ejecutivo ha dado luz verde a un plan sin acompañarlo de una dotación financiera suficiente. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) se muestra tajante: «El Gobierno debe garantizar que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a los usuarios», dice Cinta Pascual, presidenta de la organización.

En la actualidad, los mayores de 65 años suman 9,4 millones de personas, una cifra que, según los expertos, duplicará la cifra de niños en la próxima década. Según un reciente 'Manifiesto para impulsar el envejecimiento saludable en España', el número de mayores en los próximos diez años se incrementará en dos millones de personas más.

García Navarro pide una mejor coordinación de los servicios sociales con los sanitarios, lo que exige una mayor implicación del Ministerio de Sanidad. «A las residencias llegan muchas personas que están en la fase final de su vida. Los últimos estudios señalan que llegan con una media de nueve enfermedades crónicas activas. Un cuidador por cada dos personas es un avance importante, pero aún necesitamos más».