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Crean un grupo especial para perseguir y sancionar fraudes masivos

Crean un grupo especial para perseguir y sancionar fraudes masivos

Quien ponga en riesgo la salud de los consumidores, ignore las regulaciones de precios o use cláusulas abusivas será multado con hasta un millón de euros o el 4% de su facturación

Alfonso Torices

Lunes, 16 de enero 2023, 12:45

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El Gobierno ha creado un órgano específico para perseguir y sancionar los fraudes masivos al consumidor, que en ocasiones escapaban al control de las administraciones españolas por ser el consumo una materia de gestión autonómica y no existir una estructura estatal específica con competencias para ello.

La lucha contra los grandes fraudes, bien por sus graves características o por afectar a múltiples territorios e incluso países, queda en manos de una nueva subdirección general del Ministerio de Consumo, la de Inspección y Procedimiento Sancionador, que tiene como objetivo declarado «reforzar, mejorar y ampliar la capacidad del Estado a la hora de vigilar, inspeccionar y sancionar los fraudes masivos» y que impondrá multas ejemplares y disuasorias de hasta un millón de euros o de un 4% del volumen de negocio de la compañía infractora.

El grupo especial tiene en su punto de mira preferente tres tipos de acciones u omisiones que causan graves o gravísimos daños a los ciudadanos. Perseguirá las actuaciones que supongan riesgos o que ya hayan producido daños a la salud o la seguridad de los consumidores, los incumplimientos por las compañías de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

No más 'Dieselgate'

El órgano de nueva creación surge de una reforma de la ley estatal de Defensa de los Consumidores aprobada en mayo pasado, con la que el Gobierno se ha dotado de un mecanismo sancionador que impedirá, entre otras cosas, que vuelvan a producirse episodios frustrantes como el ocurrido en la fallida persecución en España del conocido como caso 'Dieselgate', el escándalo que desveló que el grupo Volkswagen había instalado ilegalmente entre 2009 y 2015 en once millones de sus vehículos con motor de gasóleo un programa informático para engañar a las autoridades y alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes. España, a diferencia de otros países europeos, que impusieron a la compañía sanciones ejemplares, no pudo hacerlo por falta de un mecanismo sancionador nacional adecuado, del que ahora se dota.

Las sanciones que podrá imponer el organismo irán desde las leves, con entre 150 y 10.000 euros de multa, a las muy graves, con entre 100.000 y un millón de euros de multa, que también podrán suponer entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido y que llevarán aparejada la publicidad de la sanción. No obstante, la cúspide de las multas la ocuparán los casos de fraude generalizado en España o desplegado en varios países de la Unión Europea. En estos casos, la empresa infractora deberá pagar con hasta el 4% del volumen anual de su negocio en España.

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