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O.R./Agencias/Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 1 de enero 1970
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En más de una decena de ciudades como Valencia, Granada, Córdoba o Santa Cruz de Tenerife, varios colectivos sociales se concentraron este lunes frente a las ciudades de la Justicia con lemas como Juana somos todas o Un maltratador no es un buen padre en apoyo de Juana Rivas, la madre granadina que permanece desaparecida desde el 26 de julio con sus dos hijos para evitar entregarlos a su progenitor, condenado en su día por maltrato, y ante el hecho de que el miércoles el Tribunal Constitucional se reúna para responder a una medida cautelar urgente que pide la paralización de la entrega de los niños.
Las plataformas leyeron una carta, que se atribuye a Juana Rivas, en la que dice que está huida, pero que no está haciendo «nada fuera de la ley», e incide en agradecer el «apoyo» que está recibiendo ante una «pesadilla» a la que se enfrenta junto a sus hijos desde hace trece años. En la misiva considera que los «fallos judiciales han provocado» su actual situación. «No tendríamos que estar así, ni nosotros escondidos ni vosotros manifestándoos», añade Rivas, mujer contra la que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, encargado de la vía penal, dictó el pasado martes una orden de detención y puesta a disposición judicial. Los fallos judiciales han hecho que el convenio de La Haya esté «amenazando» a los dos hijos, de 11 y 3 años, en lugar de protegerlos, señala la mujer.
En este sentido, la directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, Claudina Morales, coincidió con esta madre en que la cuestión «más importante» es, sobre todo, proteger a los menores que son víctimas de violencia de género en el seno familiar. El Pacto de Estado contra la Violencia Machista se hace «especial hincapié en estos casos y profundiza que la custodia compartida ni las visitas se permitan en los casos de violencia de genero que viene muy caso, al parecer, en el asunto de Juana Rivas», agregó. «Todos los cambios jurídicos son importantes porque ayuda a los jueces a definirse y a facilitar mucho que se proteja a las víctimas, y a los menores», destacó la directora del ICI.
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