Foto de archivo de Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. / C7

Más allá de las declaraciones de un obispo...

Ante el declive del púlpito, la Iglesia se ha aferrado aún más al Estado, permitiéndose que en muchos espacios no se respete la aconfesionalidad del Estado, lo que supone graves peligros para los derechos y las libertades conquistadas

MARY C. BOLAÑOS ESPINOSA

Mucho se ha hablado en las últimas semanas del obispo de Tenerife y de la Iglesia Católica. Por un lado, la petición de cese del obispo tinerfeño por homófobo, a través de la plataforma change.org, reflejó la indignación que sus declaraciones provocaron en la población, recogiéndose 50.000 firmas en un fin de semana. El obispo reiteró que sus declaraciones transmiten la enseñanza de la Iglesia Católica, a quien representa. Y en esa afirmación no se aleja de la realidad. Si acudimos al Catecismo que establece las bases de esta religión, se recoge «Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados... Son contrarios a la ley natural... No pueden recibir aprobación en ningún caso» (3ª parte, 2ª sección, capítulo 2º, artículo 6).

Por otro lado, la sociedad civil ha mostrado, también, su más contundente indignación tras el acuerdo de mínimos, firmado entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española, que evidencia el inmenso poder que aún continúa teniendo la jerarquía católica. Con el compromiso de devolución para el Estado de apenas el 2,8% de los 34.961 bienes registrados por la Iglesia Católica a su nombre entre 1998 y 2015, entre ellos centros de culto de gran valor patrimonial e histórico artístico, como la Mezquita, la Giralda..., se ventila un saqueo de décadas; al que se suma el producido entre 1947 y 2015, en el que se inscribieron como suyos más de cien mil bienes rústicos y urbanos, con el único requisito de la firma de un obispo.

Asimismo ha producido gran conmoción la publicidad de nuevos casos de abusos sexuales por parte del clero, que se suman a los miles encubiertos por las autoridades eclesiásticas españolas, con el consiguiente daño ocasionado a las víctimas, que han sido ignoradas y estigmatizadas durante décadas.

¿Por qué se le da eco en la televisión pública a un obispo que ya en 2007 calificó la homosexualidad como un perjuicio para la sociedad y disculpó los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica?

Pero el historial de la Iglesia Católica no queda ahí. No podemos olvidar las presuntas miles de criaturas robadas con su beneplácito durante más de medio siglo, ni los privilegios que se les permite mantener en pleno siglo XXI.

Siendo absolutamente detestables las declaraciones del obispo tinerfeño, considero que hay que ir más allá y preguntarnos ¿por qué el gobierno más progresista de la historia, sin ponerse colorado, entrega en medio de una gran teatralización un nuevo regalo a la Iglesia Católica? Un regalo que se concreta en una enorme fortuna (como ejemplo, en 2018, la Iglesia obtuvo unos ingresos de 15,8 millones de euros por la venta de entradas a la mezquita de Córdoba), mientras continúan pagando con dinero público la conservación de esas falsas propiedades de la Iglesia, que ni impuestos pagan.

¿Por qué se le da eco en la televisión pública a un obispo, que ya en 2007 calificó la homosexualidad como un perjuicio para la sociedad y disculpó los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica, culpabilizando a éstos de los mismos? ¿Cómo, en un Estado de derecho, se pueden tener dudas sobre la necesidad de investigar los delitos de abusos sexuales producidos en la Iglesia Católica, de hacer justicia y reparar los daños producidos? ¿Cómo se mantienen vigentes los acuerdos firmados con la Santa Sede, hace ya 43 años (revisión del Concordato de 1953), para garantizar privilegios económicos y educativos anticonstitucionales a la Iglesia?

Pero la servidumbre estatal a los intereses de la Iglesia va más allá de los Acuerdos con la Santa Sede. Algunos de estos privilegios se hacen patentes en la concreción de los días festivos vinculados a la religión católica, la presencia oficial de autoridades públicas en todo tipo de actos confesionales, como misas, procesiones y ofrendas, la participación de autoridades religiosas en actos civiles (ejemplo, participación del obispo en el Comité de Honor del I Centenario de la Villa de San Juan de la Rambla), la presencia de simbología religiosa en las Instituciones públicas (ejemplo, un crucifijo preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna) e incluso elementos que llegan a insultar a la inteligencia, como el nombramiento de la Virgen de Candelaria como Presidenta Honoraria y Perpetua del Cabildo de Tenerife.

Es llamativo que todos estos privilegios se mantengan cuando la secularización de la sociedad ha aumentado, de forma considerable, en los últimos años. Lo cierto es que, ante el declive del púlpito, la Iglesia se ha aferrado aún más al Estado, permitiéndose que en muchos espacios no se respete la aconfesionalidad del Estado, lo que supone graves peligros para los derechos y las libertades conquistadas. Paralelamente, se observa con preocupación el aumento de fundamentalismos religiosos, aliados a organizaciones políticas de extrema derecha y sectores económicos neoliberales que actúan a nivel internacional, atacando lo público, sembrando la xenofobia, el machismo y la lgtbifobia, al tiempo que pretenden imponer sus doctrinas a toda la población.

Pero es que al escuchar el debate que se produjo a propósito de una PNL presentada por Sí Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias, en la que se incluía la propuesta de no invitar al obispo de Tenerife, por sus declaraciones homófobas, a ningún acto institucional celebrado en Canarias, quedó evidente que incluso los partidos políticos del equipo de gobierno -que teóricamente defienden la laicidad-, desconocen lo que significa la aconfesionalidad de un Estado (recogida en la Constitución española), que conlleva la necesaria neutralidad de los poderes públicos en relación a las diferentes confesiones religiosas; y que, mucho menos, van a dar un paso para avanzar en la laicidad de este Estado. Por parte de todos, quedó palpable la defensa de la omnipresencia de la Iglesia Católica en los actos institucionales, convirtiendo al catolicismo, de hecho, en la religión oficial del Estado.

No se puede pasar de puntillas, quedándonos solo en la repulsa a las declaraciones del obispo. Es necesario ir más allá y apostar seriamente por el entendimiento respetuoso y la coexistencia de todas las personas en torno a lo que nos une, los derechos humanos y el respeto mutuo. Estaremos de acuerdo en que la Iglesia Católica es una organización privada de creyentes (curiosamente así la definió el PP del Ayuntamiento de La Laguna, en el último Pleno). Por tanto, no entiendo por qué cuesta tanto hacer que la Iglesia se rija por la Ley de Asociaciones, con todos sus derechos y todos sus deberes, sin privilegios. Me pregunto cuándo la fiscalidad de la Iglesia, la educación doctrinal de la religión en los colegios, la financiación del clero, las inmatriculaciones, los privilegios concedidos a entidades privadas dependientes (de muy diversas maneras) de la Iglesia Católica a través de la externalización de muy variados servicios públicos, los delitos cometidos en su seno, así como otros muchos asuntos que siguen incrustados en el orden jurídico y en la vida social, se van a someter a los criterios de laicidad y democracia, de neutralidad confesional del Estado. En resumen, cuándo se cumplirá estrictamente con la Constitución, ¿es mucho pedir?