El obispo de Granada, Francisco Javier Martínez, fue uno de los primeros en pedir perdón en 2014. / afp

Incredulidad entre las víctimas por el exiguo número de abusos en la Iglesia

Los expertos y damnificados por los casos de pederastia en la institución denuncian que la jerarquía no ha indagado sobre el problema

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

Una comisión independiente acaba de concluir que en Francia 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, unos casos en los que están acusados alrededor de 3.000 curas. Pero, ¿qué ocurre en España? La Conferencia Episcopal admite que 220 sacerdotes han sido denunciados por pederastia, según los datos de que dispone, que abarcan desde el año 2001 hasta ahora. La gigantesca diferencia entre el clero de un país y otro induce a la incredulidad entre asociaciones de víctimas y expertos.

La jerarquía eclesiástica ha optado por abrir oficinas de atención en las diócesis para atender las quejas y denuncias que se presenten, aunque ha descartado someterse a una evaluación externa. Según fuentes del episcopado, esta vía garantiza la «discreción», una actitud compatible con la intención que persiguen los damnificados de «sanar las heridas».

Aparte de la información procurada por la Conferencia Episcopal, las congregaciones religiosas españolas admiten la existencia de más de un centenar de casos de abusos, entre las que destacan las perpetradas desde 1927 por los jesuitas, que reconocen 81 víctimas de 65 religiosos. Escolapios, claretianos, corazonistas y Legionarios de Cristo han llevado a cabo investigaciones internas. Varias órdenes han pagado indemnizaciones o están dispuestas a hacerlo, a pesar de que el delito haya prescrito, como sucede en muchísimos supuestos.

«No se quiere investigar»

Para Ana Cuevas, miembro de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) y madre del joven que sufrió abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de Lejona (Vizcaya), perteneciente al Opus Dei, la actitud de la Iglesia se encuadra dentro del encubrimiento: «No es lógico. Aquí no se quiere investigar –critica-.. Las oficinas diocesanas no están funcionando. La Iglesia parece dividida entre unos pocos que quieren cumplir el 'motu proprio' del Papa para investigar la pederastia y otros, los más, que son negacionistas».

Cuevas asegura que la cifra aportada por la Conferencia Episcopal es «ridícula» y aboga por la creación de una comisión independiente que, como en Francia, aborde una investigación en profundidad y cuente con la colaboración de asociaciones y víctimas. «No vamos ni hemos ido nunca contra la Iglesia, pero si esta quiere limpiar su nombre debe atender a las víctimas. Esto va a explotar y está al caer», aduce la representante de ANIR, para quien gran parte de la culpa de la pederastia en la Iglesia está en el celibato.

La jerarquía católica aduce en su descargo que en España el clero no estuvo al cargo de hospicios, al contrario de lo que ocurrió en Irlanda. Allí se perpetraron gran número de agresiones sexuales.

A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en otros países, como Bélgica, Irlanda, Alemania o Estados Unidos, la proporción de clérigos implicados oscila siempre entre el 3 y el 4%. Así lo pone de manifiesto Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV) y que ha estudiando el asunto en colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

«Limitaciones importantes»

Las tres instituciones han realizado un estudio que concluye que entre un 30% y un 40% de los abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica fueron con penetración. Josep Maria Tamarit, de la UOC, alega que en otros países se han hecho estudios, incluso algunos dentro de la propia Iglesia, pero en España «no ha habido ese interés», por lo que los investigadores han tropezado con «limitaciones importantes».

Varona echa en falta que en la indagación eclesial no se especifiquen ni la metodología ni las fuentes. En cualquier caso, la cifra demuestra que «la inmensa mayoría de los sacerdotes no son abusadores».

Con todo, Varona considera que la actitud de la jerarquía católica adolece de una falta de voluntad reparadora, que debe incluir tratamientos psicológicos muy costosos, pues las consecuencias son duraderas. «Las víctimas se siente muy abandonadas. Resulta que la institución que debería protegerte no lo hace. Las víctimas no piden venganza ni sumas desorbitadas de dinero», comenta.

Esta investigadora ha topado con un muro de silencio cuando ha pretendido acceder a los archivos eclesiásticos para realizar su trabajo.

¿Por qué las víctimas no denuncian? Si a la humillación propia de la agresión se suma la que entraña el maltrato de no ser escuchado, se comprende la resistencia a acudir a las nuevas oficinas diocesanas.

Cuevas pone como ejemplo que pedir un certificado canónico es toda una odisea. «Si la Iglesia se tomara en serio este problema, podría incluso salir reforzada», aduce. Cree que España, que carece de la tradición laicista de Francia, puede tener tantos casos como los registrados en el país vecino.