Dependencia irá al «caos» con el nuevo decreto

28/11/2018

El personal del servicio en Las Palmas presenta alegaciones al proyecto del Gobierno canario. Lejos de simplificar el procedimiento y disminuir los plazos, advierte de que se paralizará de «forma inmediata la gestión de 6.000 expedientes» y generará un «colapso técnico-administrativo».

La aprobación del proyecto de decreto para reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias ni simplificará el procedimiento ni agilizará los plazos, sino que propiciará un «colapso técnico-administrativo» que sumirá en «un caos» al servicio de Dependencia del Gobierno canario y a las administraciones locales a las que se pretende involucrar en el procedimiento.

Esta es la conclusión a la que ha llegado el personal técnico y administrativo del citado servicio en la provincia de Las Palmas tras realizar un análisis «riguroso y exhaustivo» del proyecto de decreto–modelo de procedimiento que se quiere aprobar y la situación del servicio en cuanto a recursos humanos y organizativos, y que el colectivo de profesionales ha presentado en forma de alegaciones y observaciones, un proceso administrativo que finaliza hoy.

El documento, ya en manos del Ejecutivo y de los partidos políticos de la oposición, apunta que su aprobación «no va a suponer una disminución en los tiempos de tramitación de los expedientes, sino que supondrá un incremento considerable del actual retraso» que soporta el servicio, donde el tiempo de resolución desde que el expediente entra en el sistema hasta que se resuelve «alcanza los tres años».

Las consecuencias inmediatas de ello será la paralización de «forma inmediata la gestión de 6.000 expedientes», a los que habrá que requerir nueva documentación como el informe social realizado por otras entidades locales, de los que «3.282 ya se encuentran en el proceso de citación» para la valoración de dependencia, añade.

Paralelamente, se anulará el trabajo del personal valorador que tiene asignada estas funciones, de manera que «tendrán que iniciar un proceso de formación tanto en procedimiento de valoración como en PIA, ya que al encontrarse disgregado en la actualidad no podrían desarrollar las funciones que se le asignan a corto plazo», concreta. Esta situación, según se destaca en las alegaciones, supondrá situar a las «personas dependientes y las solicitudes pendientes de resolución en cualquiera de sus fases ante una desprotección y dejadez institucional absoluta».

Engaño a la población. El personal considera que anunciar que este proyecto de decreto va a reducir los tiempos de espera, «supone engañar a la ciudadanía» porque unificar el proceso de valoración de grado y la elaboración del PIA en una sola visita domiciliaria «complica y desvirtúa» el proceso y se saturará de información al solicitante y a sus familiares. «Y peor aún, cerca del 25% de las valoraciones resulta ‘sin grado’ e igualmente se les saturará innecesariamente», explica.

Por otro lado, la carencia de personal técnico y administrativo ha provocado que el personal técnico «deba asumir tareas para las cuales no ha sido contratado, mermando calidad a otras fases del procedimiento». Con el proyecto se pretende resolver el «grave déficit de recursos humanos, materiales y organizativos, no atendiendo a una dotación adecuada, sino elaborando una norma de procedimiento que no los aborda y quedándose en una mera medida cosmética y de maquillaje».

Financiación. Según el Observatorio, el gasto en dependencia en 2016 fue de 7.986 millones (el 47,5 % para atención residencial, el 18 % para prestaciones para cuidado familiar y el 15% para ayudas a domicilio) y estima que la financiación –siempre que se aporte lo necesario– será en 2018 de 9.309 millones, de 10.192 millones en 2019 y de 11.139 millones en 2020. La secretaria de política social de CC OO, Paula Guisande lamentó que el escenario de la dependencia sea incierto, ya que no se sabe cuál será el devenir de los presupuestos, pero incidió en que la ley requiere desarrollos urgentes para «ser reforzada». También exigieron una correcta financiación de la ley el secretario general de FED, Alberto Echevarría, quien resaltço que el sector de la dependencia debería ser considerado un sector motor de la economía y no de gasto. Los trabajos del Observatorio del Convenio de la Dependencia tendrán un carácter semestral a partir de enero.

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