El último golpe al templo masónico

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo acordó a finales de septiembre desistir de la licitación del contrato de redacción del proyecto de rehabilitación, convocado en junio de 2016, ante supuestos «vicios de nulidad» por haberse infringido el principio de igualdad en la valoración de las ofertas presentadas. Esta decisión retrotrae el procedimiento a abril de 2015, cuando la Junta de Gobierno hizo una encomienda de gestión a Urbanismo para que pusiera en marcha el concurso ahora suspendido. El asunto vuelve así a la Junta de Gobierno, que preside el nacionalista José Manuel Bermúdez, que será quien inicie el nuevo expediente.

Garcinuño se ratifica en la actuación «transparente» de Urbanismo hasta que fue cesado por oponerse al derribo del mamotreto de Las Teresitas y avisa de su sospecha de que «detrás de esta maniobra [el inicio de un nuevo procedimiento de licitación por parte del Ayuntamiento] se esté tratando de favorecer a alguno de los licitadores», decía al El Día.

También la Logia Capitular de Añaza, integrante de la Gran Logia de Canarias, espera que esa no sea la razón del desistimiento, dice el masón Carlos Berásteguí, miembro de esta logia, que pide que «se subsanen los posibles errores y se siga adelante con el procedimiento» llevado a cabo en Urbanismo para evitar un retraso más en la rehabilitación.

Algunos equipos que fueron al concurso ya han anunciado acciones legales por la anulación.

Los masones llevan años luchando no por recuperar el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife que les fue confiscado en 1936 tras el Golpe de Estado, sino por rehabilitarlo y convertirlo en un centro de interpretación de la masonería. Y en eso están de acuerdo todas las logias con intereses sobre el edificio y el Ayuntamiento capitalino.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007, no caben ya intereses distintos tanto por el edificio como por el solar, pero Auna Consultores, una de las empresas licitadoras, apuntaba en un escrito remitido a la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Zaida González, que una nueva licitación «conculcaría los principios que rigen una competición [...] donde se disputan unos honorarios de 140.000 euros». Sospechan la consultora y también los masones que con el desistimiento de la licitación pública se pretende «orquestar un encargo el margen de la Ley de Contratos Públicos», o sea, darlo a dedo. La Logia Capitular de Añaza ruega «encarecidamente» al Ayuntamiento que evite «coger atajos» como «convenios de colaboración ya suscritos con entidades privadas [...], que desemboquen en acciones legales» por parte de los licitadores que se vean perjudicados.