El Gobierno espera que la depuración de Güímar cumpla la normativa UE en 2020

25/07/2018

El Gobierno ha asumido la sanción del Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales, entre otros lugares en el Valle de Güímar (Tenerife), enclave donde espera tener adaptados los sistemas de saneamiento a la normativa comunitaria en el año 2020.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha hecho público un comunicado tras conocer la sanción del Tribunal de Justicia de la UE, que asciende a 12 millones de euros, por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

Las aglomeraciones urbanas afectadas en el procedimiento son siete de Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una de Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar).

De ellas, cuatro aglomeraciones urbanas (Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este) cuentan ya con una declaración de Interés General del Estado, y en el caso de tres andaluzas (Barbate, Matalascañas y Nerja) también existe ya una declaración de Interés de la Comunidad Autónoma, ha informado el MITECO.

La titular del Ministerio, Teresa Ribera, advirtió en su primera comparecencia en el Congreso que los "deficientes y preocupantes" niveles de depuración de aguas residuales que presenta España "no son de recibo" y ya anunció un plan de choque para paliar esa situación.

Prioridades

Este miércoles, el Ministerio ha avanzado que prepara ese Plan Nacional de Depuración y Saneamiento que enumerará y dará prioridad a las actuaciones económicas, sociales y ambientales que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables.

El objetivo del plan, ha subrayado el Ministerio, es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua "que aporte transparencia a los escenarios de gestión".

La sentencia condena a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma a tanto alzado de 12 millones de euros.

El Tribunal de Justicia ha sentenciado que España ha incumplido una sentencia previa de 2011 en la que se declaraba que 38 aglomeraciones no cumplían con los requisitos de la Directiva europea de saneamiento y depuración de aguas residuales.

El Ministerio ha observado que se trata de la primera sentencia condenatoria con multa coercitiva a España en materia medioambiental, y ha señalado que la multa deberá abonarse a partir de este miércoles y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011.

La sentencia admite que Santiago de Compostela ya se encontraba en situación de cumplimiento, por lo que España no ha sido sancionada por esta aglomeración.

El fallo no admite en cambio que Tarifa cumpla ya sus obligaciones, ya que las muestras obtenidas fuera del período estival -en el que la carga es más elevada- no satisfacen las exigencias de la Directiva europea de depuración.

Los más retrasados

De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, el Gobierno espera que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) estarán correctamente antes de finales de 2018; otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo estarían antes del final de 2019; y previsiblemente dos (Matalascañas y Valle de Güimar) lo estarán en 2020.

El núcleo más retrasado es Barbate, cuya licitación de la redacción del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental se prevén para este año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022.

Esta actuación, ha recordado el MITECO, fue incluida, para ser ejecutada por la Administración General del Estado, en el Protocolo suscrito con la Junta de Andalucía en julio de 2017.

El Ministerio ha insistido en que las administraciones locales son las competentes en la materia, y subsidiariamente las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o que se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas.

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