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En torno a una quincena de presidentes de complejos residenciales de la urbanización Montaña Roja se reunieron el lunes para acordar una estrategia común en defensa de sus intereses, en torno a la planta desaladora de esta urbanización, tras conocer el decreto del Gobierno de Canarias que ordena la clausura inmediata de esta instalación, por carecer -señala el decreto- de los permisos para desalar agua y de precios de venta a terceros.
Los representantes de los vecinos acordaron unir sus fuerzas para organizar la defensa de sus derechos, y lo harán en torno a una asociación ya constituida bajo el nombre de Sanul. Entre otras cosas se preguntan dónde han estado todo este tiempo las administraciones competentes en materia de aguas. En especial, el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias. En concreto, miran hacia el Consistorio sureño, en cumplimiento de sus responsabilidades, y se preguntan si era necesaria una licencia de actividades clasificada, por ruidos, salubridad y vertidos, y cuya autorización es de competencia municipal.
Entienden los vecinos que de ser cierto que la planta carece de los permisos para desalar agua y venderla, habrían estado en una situación de indefensión. Por ello, en la reunión del lunes acordaron organizarse como colectivo y empezar a exigir responsabilidades y a que se adopten medidas para regular su situación, al ser el agua un bien de consumo de primera necesidad, que debe estar bajo control público, tal y como establece la ley.
De este modo, empezarán a recoger firmas, a pedir reuniones con responsables públicos y a acudir a las instancias necesarias, para que se reconozcan sus derechos como consumidores y usuarios de este bien esencial.
Los vecinos pedirán que el Ayuntamiento de Yaiza «deje de lavarse las manos con este asunto», y recuerdan que el Consistorio tiene una responsabilidad, al recepcionar la urbanización, y al ser el titular del servicio público del agua, que cede al Consejo Insular de Agua y que, por tanto, tiene mucho que decir.
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