Tías al fin puede adjudicar el servicio de vigilancia playera

17/05/2018

La empresa escogida asume por dos años la gestión, por casi 875.000 euros en dos años y con opción a una prórroga por un tercer ejercicio

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Tras meses de incertidumbre, por reclamaciones de posibles aspirantes y con necesidad de hacer trámites ante el Consejo Consultivo de Canarias, según se dijo hace días por fuentes municipales, esta semana por fin ha podido adjudicar el Ayuntamiento de Tías el servicio de vigilancia y socorrismo de sus cuatro principales playas de Puerto del Carmen. Por espacio de dos años, a priori desde mediados de 2018 hasta mitad de 2020, la empresa Ebone Servicios Educación Deporte se hará a cargo del servicio, a cambio de casi 875.000 euros, con impuestos incluidos.

Además, cabe la posibilidad de que el Consistorio que preside José Francisco Hernández pueda dar una prórroga de un año, por un añadido económico estipulado, con lo que la concesionaria, que releva a Emerlan, operaría hasta mediados de 2021.

El acuerdo de adjudicación se adoptó el 15 de febrero, si bien ha sido necesario un periodo de espera de tres meses para hacer definitiva la medida adoptada.

Hasta que se incorpore a novel operativo, de modo definitivo, la nueva entidad de socorrismo en las costas de Tías, según se dijo en su momento por un portavoz local, el servicio seguirá manteniéndose a cargo de Emerlan, la entidad que se hizo con el anterior concurso dispuesto para cubrir la vigilancia en las playas de Los Pocillos, Grande, Chica y Matagorda, así como en algunas zonas aledañas.

Como mínimo, la empresa que se hace con la adjudicación deberá contar con una docena de operarios, con necesidad de que a diario trabajen entre las 10.00 horas y las 18.00 horas, incluidos los festivos. En los tres meses centrales del verano, la jornada laboral se deberá ampliar en una hora más por fecha. Además, la entidad deberá aportar para sus prestaciones básicas, como poco, una ambulancia, una lancha neumática y una moto acuática; pudiendo a cambio usar los puestos de propiedad municipal.

Las empresas que aspiraron a este concurso oficial debieron en su momento acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, «bien a través de la clasificación, Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C, o también a través de medios de acreditación de solvencia», según se hizo constar en las bases de la licitación iniciada en octubre de 2017. Esta condición se estableció para evitar que se registraran ofertas de difícil consolidación posterior.

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