Los tribunales ordenan repetir el concurso de basuras de Teguise

La sentencia obligaba a retrotraer el expediente del concurso y repetirlo desde la fase de valoración de ofertas presentadas. Aunque el Ayuntamiento recurrió el fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó su recurso el pasado mes de marzo de 2018 ratificando la sentencia del Juzgado. A finales del pasado año el TSJC dictó un auto ordenando al Consistorio a ejecutar la sentencia y dar debido cumplimiento a la misma.

En vista de la situación, el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, elevó ayer una propuesta al pleno municipal para que sea la propia entidad quien asuma las funciones como órgano de contratación, para ejecutar el contenido de la sentencia y revisar el expediente. De esta manera, se volverán a valorar las ofertas empresariales presentadas y se adjudicará de nuevo el servicio. Sin embargo, el proceso es largo y el Ayuntamiento necesita seguir recogiendo la basura de las calles y limpiando las vías.

Por ello, un informe del departamento de Medio Ambiente municipal avisa de que dado que el Ayuntamiento «no cuenta con los medios para asegurar el servicio que tiene carácter obligatorio», convendría que «se continuara prestando el servicio en los mismos términos» que hasta ahora, «mientras que se resuelva la situación sobrevenida en el procedimiento judicial».

De este modo, el pleno acordó asumir el contenido de la sentencia retrotrayendo el expediente del contrato de gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos urbanos y la limpieza viaria del municipio a la fase de valoración del precio ofertado. En segundo lugar, delegar al alcalde las facultades para la designación de los miembros de la mesa de contratación, habida cuenta que varios miembros ya no tienen relación laboral o jurídica con este Ayuntamiento, y convocar las sesiones de la Mesa de Contratación. Además, se acordó continuar con el contrato de recogida de las basuras y limpieza viaria bajo sus mismas cláusulas, hasta que se proceda a la adjudicación definitiva y su puesta en marcha, para evitar un grave trastorno al interés público.