Las gratificaciones de De Anta son anuladas

18/07/2019

El Juzgado de lo Contencioso anula cuatro decretos de la exalcaldesa que premiaron de forma «unilateral» a operarios de Arrecife con más de 69.787 euros

C. de Inza / aRRECIFE

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia en la que declara nulos cuatro decretos de la exalcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, en los que autorizaba el pago de una serie de pluses de productividad a los departamentos municipales de Festejos, Intervención y Turismo.

Se trata de los decretos de fecha 18 de febrero de 2019 de la Alcaldía de Arrecife, expediente 2703/2019, sobre Productividad para la Unidad Administrativa de Intervención; el decreto de fecha 28 de febrero de 2019, de la Alcaldía, expediente 2703/2019, sobre Incidencia en Decreto Productividad Intervención; el decreto de fecha 26 de febrero de 2019, de la Alcaldía, sobre Productividad para la Unidad Administrativa de Festejos, y el del 26 de febrero de 2019, de la Alcaldía, sobre productividad para la Unidad Administrativa de Turismo. Solo tres de ellos totalizan un montante total de 69.787 euros.

Los decretos fueron impugnados por el sindicato UGT a instancias del comité de empresa municipal, porque entendían que en ellos se obviaba completamente el procedimiento descrito en la Propuesta de Circunstancias Objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, estableciéndose los criterios generales de aplicación del complemento de productividad en el Ayuntamiento de Arrecife, aprobado por acuerdo plenario de fecha 10 de diciembre de 2013, siendo la propia alcaldesa la que solicitó, a iniciativa propia y de forma unilateral, los complementos de productividad, sin motivar de forma suficiente las decisiones adoptadas. El Ayuntamiento se opuso a la demanda, argumentado que las gratificaciones se basaban en informes del responsable Recursos Humanos y se dictaron por criterios objetivos, sujetos a lo establecido en el Artículo 5 del Real Decreto 861/1986.

Señala el fallo judicial que el abono del complemento de productividad se realizó a propuesta de la Alcaldía, y sobre criterios fijados por el responsable del Recursos Humanos en informes emitidos para cada área, y no por criterios de valoración del procedimiento fijado por la Corporación en acuerdo plenario de 10 de diciembre de 2013, sino «por criterios fijados de forma unilateral».

Se trata de los decretos de fecha 18 de febrero de 2019 de la Alcaldía de Arrecife, expediente 2703/2019, sobre Productividad para la Unidad Administrativa de Intervención; el decreto de fecha 28 de febrero de 2019, de la Alcaldía, expediente 2703/2019, sobre Incidencia en Decreto Productividad Intervención; el decreto de fecha 26 de febrero de 2019, de la Alcaldía, sobre Productividad para la Unidad Administrativa de Festejos, y el del 26 de febrero de 2019, de la Alcaldía, sobre productividad para la Unidad Administrativa de Turismo. Solo tres de ellos totalizan un montante total de 69.787 euros.

Los decretos fueron impugnados por el sindicato UGT a instancias del comité de empresa municipal, porque entendían que en ellos se obviaba completamente el procedimiento descrito en la Propuesta de Circunstancias Objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, estableciéndose los criterios generales de aplicación del complemento de productividad en el Ayuntamiento de Arrecife, aprobado por acuerdo plenario de fecha 10 de diciembre de 2013, siendo la propia alcaldesa la que solicitó, a iniciativa propia y de forma unilateral, los complementos de productividad, sin motivar de forma suficiente las decisiones adoptadas. El Ayuntamiento se opuso a la demanda, argumentado que las gratificaciones se basaban en informes del responsable Recursos Humanos y se dictaron por criterios objetivos, sujetos a lo establecido en el Artículo 5 del Real Decreto 861/1986.

Señala el fallo judicial que el abono del complemento de productividad se realizó a propuesta de la Alcaldía, y sobre criterios fijados por el responsable del Recursos Humanos en informes emitidos para cada área, y no por criterios de valoración del procedimiento fijado por la Corporación en acuerdo plenario de 10 de diciembre de 2013, sino «por criterios fijados de forma unilateral».