La Cámara pide medidas para

la salvaguarda

del nuevo REF

07/02/2019

La entidad que preside Torres Fuentes cree que se perjudica a Canarias

La Cámara de Comercio de Lanzarote va a solicitar a todos los diputados canarios en Madrid que «se impliquen al máximo para lograr que se cumpla la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que con tanto esfuerzo se logró aprobar el año pasado después de muchos años de negociación», considerando que «no ha pasado ni un año desde su aprobación por unanimidad y ya se está incumpliendo», según documento dado a conocer este jueves por la entidad que preside José Torres Fuentes.

Asimismo, se pedirá a los representantes locales que, «igual que lograron que se aprobara el REF de común acuerdo, defiendan ahora su legítimo cumplimiento». En este apartado, se espera que se realicen acuerdos plenarios en el Cabildo y en los siete ayuntamientos de la isla.

Se considera sobre este respecto desde la entidad cameral que los presupuestos que se proponen desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez no cumplen con preceptos básicos establecidos en el REF, ideados para que los habitantes de Canarias sean equiparados con el del resto de España. Se tiene en cuenta que en las condiciones que se están anunciando esta cuentas estatales para este año, se va «en contra de los derechos de los canarios y sus logros históricos y nos devuelven a la cola en inversión por habitante, con respecto al resto del Estado, forzando interpretaciones ya superadas para disfrazar el grave perjuicio que ocasionan a la sociedad».

Tal y como se produjo durante las negociaciones del REF, principalmente mantenidas entre 2017 y 2018, «donde se vio la unidad de todos», en alusión a los diferentes partidos políticos, la Cámara de Comercio de Lanzarote hace un llamamiento «a todas las fuerzas económicas, sociales y políticas de Canarias a que se coordinen para revertir esta situación, cada una desde su ámbito de actuación». Y se añade sobre este apartado en particular que «se debe mostrar un frente común para solicitar al estado el cumplimiento de la legalidad vigente, y el respeto para Canarias y sus ciudadanos».