El senador pide corregir los deslindes de La Graciosa

08/02/2019

Se reclama que Hacienda revise la zona y se asuma la planificación de 1965

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El senador por Lanzarote y La Graciosa del Grupo Parlamentario Popular, Joel Delgado, ha presentado una moción en la Cámara Alta en la que se reclama al Ministerio de Hacienda que ponga en marcha la revisión del deslinde realizado en 2006 en el que se incluyó dentro de la descripción del Organismo Autónomo de Parques Nacionales varias parcelas de titularidad privada en Caleta de Sebo. El senador, que ya había iniciado gestiones con el anterior gobierno del Partido Popular (PP), señaló este viernes en rueda de prensa que «la única salida viable a la situación es que el Estado vuelva a fiscalizar sobre el terreno los mojones existentes y que son la referencia del anterior deslinde realizado en 1965».

«Cuando tuvimos conocimiento de la situación por las cartas remitidas a los afectados lo primero que hicimos fue comprobar por nosotros mismos que los mojones están y que se dibuja una línea clara en la que las parcelas quedan fuera de los terrenos propiedad del estado así como las viviendas que hay en algunas de ellas», recalcó el senador. Para Delgado, los expedientes de regulación que abrió el Estado ponen a los vecinos en una situación de «vulnerabilidad» que «solamente se subsanaría si los técnicos se desplazaran a La Graciosa y comprobaran la ubicación real que tienen los mojones establecidos en 1965», apreció.

El senador, que estuvo acompañado en el comparecencia por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez, y la secretaria local y vecina de La Graciosa, Nieves Arrocha, también pidió al Ayuntamiento de Teguise una mayor implicación para la resolución de la problemática ya que no consta que haya remitido al Gobierno el estudio topográfico al que se comprometió.

En este sentido, el edil popular manifestó que en el próximo pleno va a solicitar al gobierno de Oswaldo Betancort que remita el estudio topográfico georeferenciado que había anunciado.

Delgado destacó que los más de 40 vecinos afectados «no tienen la culpa de los errores que ha cometido el Estado, por lo que sería totalmente injusto que salieran perjudicados de esta situación».