El juez concluye las declaraciones en el caso Espino

28/10/2019

La instrucción guarda relación con una denuncia de 2011

El caso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo que tiene como principal investigado al exconsejero delegado de la empresa, ente 2007 y 2009, el socialista Carlos Espino, ha entrado en su fase definitiva, antes de que el nuevo titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, Jose Luis Ruiz Martinez, decida si procede dar por concluida la instrucción para su paso o no a juicio oral, después de que este lunes hayan declarado el propio Espino y el también investigado Enrique José Gutiérrez Fares.

La jornada de declaraciones se extendió durante horas. Durante la mañana se tomó declaración, como testigo, al expresidente del Cabildo Pedro San Ginés, así como a los peritos que en su día elaboraron los informes que apuntan a supuestos pagos de dinero por servicios muy por encima de los precios contratados y de los precios de mercado.

Tras la práctica de estas últimas diligencias, fuentes próximas al caso dan por hecho que el magistrado tiene ya elementos suficientes para dar por cerrada la fase de investigación.

En cuanto a la declaración de Espino, que compareció con nueva asistencia letrada, la estrategia de éste se centró en desviar la responsabilidad en uno de los técnicos de la empresa, y en sostener que las adjudicaciones de los servicios por debajo de 400.000 euros no requerían de procedimientos de licitación, es decir que hasta esa cantidad no había que sacarlo a concurso.

Por su parte, Gutiérrez Fares acudió a declarar por primera vez después de haber sido citado en varias ocasiones precedentes, sin resultado, siendo el único investigado que hasta la fecha no había comparecido, desde que se inició la investigación en 2011. En su caso se investiga el encargo por parte de los Centros de una página web, por 50.000 euros, pese a que en la denuncia se hacia constar que la empresa ya contaba con un soporte de esta índole. Los técnicos de los centros establecieron que los servicios contratados no tenían ese valor y no se terminó el trabajo, pese a que se pagó al completo como si se hubiese finalizado.

En el caso de San Ginés, ratificó lo declarado en anteriores ocasiones, en el sentido de señalar que los servicios contratados superaron las cantidades a partir de las cuales la legalidad obliga a convocar concurso público. En el caso del contrato de la cocina de Los Jameos, con precio de salida por 224.000 euros, finalmente se gastaron en equipamientos más de 700.000 euros.

Por su parte, los peritos que elaboraron en su día los informes señalaron que se produjeron costes de más en las tres empresas contratadas. Como investigado figura Antonio González, a quien se pagó a través de pagarés.