Costas deja sin fecha el permiso de la playa artificial de Berrugo

07/01/2019

Desde junio están en estudio varios recursos de alzada contra la convocatoria del concurso, que fue comenzado en el verano de 2017. Cuatro empresas aspiran a la ejecución y explotación

La playa artificial proyectada en Berrugo, en Playa Blanca, junto al muelle deportivo Marina Rubicón, lleva varios meses en un atolladero administrativo, con visos de que todavía habrá que aguardar algún tiempo para conocer si finalmente prospera o no la iniciativa. Obedece a que el expediente abierto en 2017 fue objeto de varios recursos de alzada, que aún están siendo analizados por la Demarcación de Costas de Canarias. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, «el último movimiento de este expediente que nos consta es de junio de 2018».

A priori, una vez que se resuelvan los recursos de alzada se redactará el pliego con la resolución destinada a dar continuidad al expediente. Hasta entonces, en consecuencia, no se conocerá la valoración a las cuatro ofertas presentadas para asumir la construcción de la playa artificial, así como su posterior explotación. Cabe recordar que en los plazos marcados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias se registraron propuestas de las mercantiles Patuso, Secapla, Yudaya y Puerto Deportivo Rubicón.

En caso de que finalmente se dé el plácet para que la playa artificial cuaje, dejando al margen las propuestas en contra, como la formulada en su momento por la Fundación César Manrique (FCM); la entidad que resulte seleccionada tendrá un tope de 18 meses para completar la playa, en las proximidades del puerto deportivo; así como un plazo posterior de hasta tres décadas para explotar la misma, con hamacas y otras ofertas. Es decir, será fácil que la concesión se pueda extender hasta cerca de 2050.

La nueva playa podrá llegar a casi medio kilómetro de longitud, ocupando sobre 100.000 metros cuadrados de superficie, como ya se informó hace meses. Para su creación, se prevé la descarga de un mínimo de 150.000 metros cúbicos de arena, junto con la construcción de barreras. De inicio, la empresa que asuma la concesión, siempre que el proyecto definitivo obtenga el permiso mediambiental correspondiente, quedará obligada a pagar un canon mínimo anual a las arcas estatales de 30.000 euros; debiendo responsabilizarse, además, del mantenimiento.

La actuación se fundamenta en la petición inicial registrada hace cerca de un lustro atrás, planteada por Patuso, entidad que proyectó ejecutar una inversión valorada entonces en 2,9 millones de euros, con intención de explotar por un largo periodo la presencia de hamacas y sombrillas; junto con algún parque náutico y otros elementos de ocio. A raíz del ofrecimiento recibido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias, oficialmente se abrió un periodo de consulta para otras empresas interesadas en asumir la playa, registrándose propuestas de Secapla, Yudaya y Puerto Deportivo Rubicón.