Corujo ve ilegal la orden que paró el auge del precio del agua

17/02/2020

La presidenta insular acusa en particular a Echedey Eugenio, por la decisión de abril de 2019 que invalidó un acuerdo del Consorcio del Agua. Canal Gestión pide 3 millones de euros por la revisión de tarifas de varios años

Canal Gestión lleva meses con acciones encaminadas a cobrar 3 millones de euros, por la revisión de las tarifas del agua de 2017, 2018 y 2019. Está por ver quién asumirá el abono y en qué modo. En primer grado está implicado el Consorcio Insular del Agua (Cabildo, ayuntamientos), por un escrito de abril de 2019 de su entonces presidente, Echedey Eugenio, a la Comisión de Precios de Canarias, que dejó sin valor un acuerdo asambleario.

Según la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, el entonces presidente delegado desistió de la revisión de las tarifas del agua «sin contar con la asamblea», alegando «razones de oportunidad», dando a entender en rueda de prensa este lunes que se buscaba un beneficio para el partido político de Eugenio, Coalición Canaria (CC) en este caso; en vísperas de dos citas electorales, a final de abril y otra en las postrimerías de mayo.

Indicó Corujo sobre el hecho que «es gravísimo», añadiendo que «la decisión de modificar los precios del agua no es caprichosa, responde a un procedimiento administrativo con dos objetivos, cumplir las obligaciones contractuales con Canal Gestión y, lo más importante, garantizar la estabilidad económica de la gestión del Ciclo Integral del Agua». De este modo dio a entender la presidenta que se tiene conciencia de que hay que pagar, si bien no aclaró cómo se hará.

Matizó Corujo que en la asamblea extraordinaria de primera hora de ayer se aprobó pedir informes técnicos. Y con ello, en la rueda de prensa no despejó la incógnita sobre si la responsabilidad será directa del Consorcio del Agua o de los abonados de Canal Gestión, algo más de 70.000. Sí indicó la presidenta, a cambio, que se ha decidido «exigir todas las responsabilidades», con Echedey Eugenio como primer señalado, pero con posible implicación, dijo la presidenta, de Pedro San Ginés, su antecesor, quien «debe aclarar si compartió con Echedey Eugenio esta decisión o si, por el contrario, el presidente delegado le ocultó esta maniobra sólo explicable en clave electoralista», precisó.

Cabe aclarar que el contencioso administrativo abierto por Canal Gestión es genérico, de manera que en caso de que antes de junio no se efectiva la revisión de precios de 2020, las acciones legales correspondientes quedarán anexadas sin necesidad de que se abra un nuevo procedimiento, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Al margen, en la rueda de prensa se advirtió de que el Consorcio del Agua ha decidido emprender acciones legales, en decisión tomada en la asamblea extraordinaria de este pasado lunes, contra el abogado Ignacio Calatayud y contra los procuradores vinculados con casos de la entidad; así como romper el vínculo con todos ellos. Se debe, dijo la presidenta cabildicia, María Dolores Corujo, a que aún llevan esperando respuesta a tres requirimientos hechos en los últimos meses para tener acceso a información propia. Indicó Corujo que cabe ver «una deliberada estrategia de ocultación de información de vital importancia para la empresa pública». Y dio un mínimo de 19 expedientes.

Expuso la presidenta el modo en que Calatayud el pasado verano propuso la firma de un trato con ETAM Janubio para abonar a Inalsa, empresa pública ligada al Consorcio del Agua, la suma de 1,6 millones de euros. «Ante esta propuesta, y desconociendo los antecedentes del procedimiento, solicité que se me hiciera llegar la documentación necesaria para valorarla; sorprendentemente, la documentación existente en el Consorcio era incompleta y nuestros sucesivos requerimientos a Calatayud y a los procuradores para que la complementen, han resultado infructuosos», manifestó Corujo.