Varios alcaldes acusan al Cabildo de Gran Canaria de discriminarlos

22/10/2018

Varios municipios de Gran Canaria denunciaron este lunes que el Cabildo de la isla les ha excluido del reparto de fondos para el plan de inversiones a cargo del remanente de tesorería y han exigido más 20 millones de euros que les corresponden.

Según aseguran, el Cabildo de Gran Canaria ha otorgado 58,5 millones extra a varios municipios, pero a ellos se les ha marginado, en lo que consideran un acto que "solo tiene finalidad política".

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; la alcaldesa de Firgas, María del Rosario Marrero; el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, y el alcalde de la Vega de San Mateo, Antonio Jesús Ortega, hablaron este lunes en representación de los municipios excluidos y han anunciado un recurso por la vía administrativa.

La alcaldesa de Mogán ha asegurado que "el grupo de gobierno se contradice" porque, mientras el presidente, Antonio Morales, "asegura que va a incorporarnos a todos a próximas partidas, su consejero Carmelo Ramírez lo desmiente y dice que hay 8 municipios a los que no se les aportará nada".

A su juicio, "se trata de una cuestión política", pues se ha entregado "50 millones a partidos de su color político" mientras "a los demás ni siquiera se nos convoca".

Bueno ha insistido en que "Mogán triplica su población al tratarse de un municipio turístico", que financia "con fondos municipales las infraestructuras básicas de turismo que generan empleo en la isla".

Pero, mientras el Cabildo "nos pide una cofinanciación del 50%, a los municipios de su grupo les entrega millones con subvenciones directas y partidas nominativas".

La alcaldesa de Mogán cree que "se trata de una política sectaria enemiga de Gran Canaria", ya que en el caso de Mogán, además "nos quedamos fuera del plan de Infraestructura Sociosanitaria, por lo que ningún mayor de nuestro municipio tiene derecho a una plaza insular".

Recurso

Del mismo modo, el regidor de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha señalado que van a plantear un recurso administrativo "porque no hay tiempo en esta legislatura para emprender la vía judicial" y ha pedido a Morales que resuelva este conflicto ampliando presupuesto "y no quitándole un euro a nadie".

Además, cree que se está incumpliendo el programa de gobierno que firmaron Nueva Canarias, PSOE y Podemos, en el que se comprometieron a ser transparentes en la gestión económica con equidad e igualdad entre los 21 municipios de la isla.

"No vamos a permitir un reparto injusto del dinero púbico de los grancanarios" y por eso han pedido que "el Cabildo rectifique" y si no hace caso, "solicitaremos una reunión con el presidente canario Fernando Clavijo para que revise los fondos del Fdcan", ha dicho Pérez.

El regidor de la Vega de San Mateo, Antonio Jesús Ortega, ha definido al Cabildo de "verdugo de los vecinos de nuestros municipios" con una política que "no es nada nuevo, sino algo habitual en esta legislatura" y que se basa en "favorecer a los ciudadanos de los municipios de su misma cuerda política marginando a los demás.

Criterios de reparto

Por su parte, el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, ha explicado que "todos somos ciudadanos de Gran Canaria, estamos en la misma línea y reclamamos un reparto justo".

Para Suárez "el criterio de reparto nunca había provocado enfrentamiento hasta ahora" y es por ello "por lo que nos hemos unido para pedir justicia".

Además, la primera edil del municipio de Firgas, María del Rosario Marrero, se ha confesado "sorprendida y dolida" ya que, aunque Firgas sea un municipio pequeño "el Cabildo nos debe aportar como a los demás y hacernos partícipes".

Entre las inversiones aprobadas a cargo de estas cinco modificaciones de crédito figuran, entre otras, 7,6 millones de euros al Consejo Insular de Aguas para desaladoras, 6 millones para los nuevos platós cinematográficos en Infecar, 5,9 millones para la regeneración paisajística en la GC-1 y GC-2, 3,3 millones para el Museo de Bellas Artes, y 2 millones para la compra de terrenos en el Parque Aeroportuario de Gando y otros 2 para inmuebles de ONGs.