Tres sindicatos instan a anular las bases de los directivos del Cabildo

17/01/2020

Sepca, CC OO y SAP recurren las cuatro convocatorias iniciadas al entender que parecen «trajes a medida». Piden al Consejo de Gobierno insular que suspenda cautelarmente los procedimientos

Tres de los cuatro sindicatos de la Junta de Personal del Cabildo, Sepca, CC OO y SAP, han impugnado por incurrir en «desviación de poder» las bases de las cuatro convocatorias iniciadas para contratar a cuatro de los 25 altos cargos del gobierno insular previstos para este mandato. Se trata de la del coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, la del director insular de Servicios Generales, la del coordinador de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa y la del director insular de Cultura. «Parecen realmente trajes a medida o convocatorias ad hoc, que, incluso, llegan a incorporar la atribución a tales órganos directivos de funciones propias de otros órganos y servicios», incluso de los llamados habilitados nacionales.

Según consta en el recurso de reposición interpuesto ante el Consejo de Gobierno, del 9 de enero de 2020, los representantes de los funcionarios de la institución entienden que estos procedimientos, tal y como se han convocado, «son contrarios a derecho» por vulnerar el derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española «a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos», así como los artículos 71 a 74, 78 y 79 de la Ley de Cabildos insulares, 32 bis, 92 bis, 129 y 130 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y 9, 13, y 56.3 otros del Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

Advierten de que esas bases, «lejos» de ser «un modelo general que permita la mayor concurrencia de funcionarios de carrera», resultan «muy diferentes, fijando requisitos de acceso que, además de que deben ser, como mucho, méritos a valorar (nunca requisitos), varían mucho de una a otra»

Reparan en varias de esas diferencias, que son «incumplimientos legales» por los requisitos que se piden. Por ejemplo, en las bases para contratar al coordinador de Desarrollo Económico se hace una excepción y se abre la puerta a que el elegido no sea funcionario (en las otras bases sí han de serlo). Y se fijan como requisitos que haya desempeñado puestos directivos con competencias sobre las materias que dirigirá. Precisan incluso que en algún medio de comunicación ya han apuntado al posible destinatario, el consejero de Desarrollo Económico en el mandato anterior, Raúl García Brink, que está además entre los ya admitidos. En las bases para el coordinador de Presidencia, se le exige una «titulación específica, diferente y limitada», la de Derecho, pese a que el cargo no lo precise, y se le incluyó una corrección posterior para que sus 10 años de antigüedad como funcionario pueda haberlos cumplido no solo a nivel estatal o regional, sino también local. En la del director de Servicios Generales fijan la exigencia de una titulación en Derecho, sin necesidad de experiencia en órganos directivos, pero sí 10 años como funcionario. Y en las del director de Cultura se reclama que sea titulado en Filología Clásica y que tenga publicaciones en cultura clásica.

Para los sindicatos, estas bases fijan condiciones «de lo más variopinto», «un reflejo palmario de que estas resoluciones, en el peor de los casos, incurren en desviación de poder, y en el mejor, incumplen el artículo 23 de la CE. Denuncian que se inventan funciones, y que, en el caso del cargo de Servicios Generales, «pisan» o «hurtan» funciones de la Secretaría General del Pleno. Piden anular las bases y la suspensión cautelar de los procedimientos «al basarse la impugnación en causa de nulidad de pleno derecho y por afectar al interés público y a los derechos de los funcionarios».