«No hay dinero que pague la pesadilla que hemos vivido»

16/05/2018

Los taxistas castigados por la aplicación del decreto que acaba de anular la Justicia denuncian un daño ya irreparable tras años de «persecución», «presiones» y «ruina económica»

A mí me llevaron a la ruina, me sacaron del taxi y con esfuerzo me compré un microbús, pero no hay dinero que me pague esta pesadilla», se lamenta Juan Antonio Vega, titular de la licencia 205, uno de los nueve taxistas que recurrieron ante los tribunales el decreto de 2012 con el que el Ayuntamiento reguló a partir de 2013 el servicio del taxi en el aeropuerto y cuya anulación acaba de ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Vega se había hecho con una cartera de clientes propia, con contratos particulares y de servicio en exclusiva con turoperadores, agencias y empresas de todo tipo, que, de la noche a la mañana, debía derivar a la parada general del aeropuerto. Solo podía bajar a Gando el día que le tocase por turno y para ponerse a la cola, como los demás. El consistorio, en aplicación del decreto que ha vuelto a ser anulado, le impedía recoger en Gando servicios preconcertados por su cuenta. «Mis clientes tenían que ponerse a la cola, en la piquera, y mi servicio pasaba a prestarlo la licencia que tocara por turno en la parada», explica.

«Si no queríamos perder al cliente, que era nuestro, debíamos pagar el servicio al taxista que en ese momento estuviese en cabeza de la cola». Y el precio se fijó en un documento que fue confeccionado por las cooperativas de taxis. Aquí estuvo la madre del cordero. El decreto entró en vigor el 1 de enero de 2013 y esa carta no se les entregó hasta el 20 de febrero. ¿Consecuencia? Que los taxistas afectados tuvieron que seguir cumpliendo con sus clientes y bajando al aeropuerto fuera de su turno.

Día que bajaban, día que se les abría expediente de sanción. En marzo empezaron a lloverles los castigos. Por cada expediente, 15 días penado sin poder cargar en Gando. Hasta 90 arrestos suman estos 9 taxistas. No fueron únicos. El total de afectados ronda los 25, pero solo llevaron el caso a los tribunales estos 9. Y solo por esas infracciones que cometieron en enero hubo licencias que se pegaron un año castigadas sin bajar al aeropuerto.

«Yo tenía un determinado volumen de ingresos y al verme sin ellos, perdí la vivienda que me había comprado», apunta la titular de la 180, Antonia Lozano. Denuncia presiones y «represalias». Sin ir más lejos, la cooperativa a la que pertenece le retiró el crédito que tienen todos los asociados en los talleres del colectivo. «Me lo pusieron por carta, que si tenía dinero para ir a los tribunales, también lo tenía para pagar los talleres». Otro afectado, Agustín Hernández, se cansó y optó por vender la licencia, harto de presiones. Todos advierten de que reclamarán daños.

El Ayuntamiento no recurrirá

La sentencia del TSJC, del 6 de mayo de 2018, que anula aquel decreto de 2012 por vulnerar el derecho a la libertad de empresa reconocido en la Constitución Española y en la legislación de la Unión Europea, no había llegado hasta ayer al Ayuntamiento, pero el edil de Transportes, Juan Martel, sí avanzó que, tras leerla en prensa, entendía que lo razonable pasa por acatar la sentencia y no recurrir. En el fallo, el tribunal califica de «ilegal» el artículo 109 de la ordenanza municipal, del que emanó ese decreto, pero Martel no pudo precisar este martes si también modificarán ese artículo (que ahora es el 111 en la nueva ordenanza). «Eso requerirá de un análisis más sosegado, pero de entrada esto es un paquete que me viene del mandato anterior, y si hay algo ilegal, no vamos a seguir haciéndolo». Alude Martel a la etapa de Francisco Medina (Ciuca) al frente del área, al que los afectados reprochan que ni siquiera se dignó a recibirlos. Sin embargo, sus mayores críticas las dirigen contra el que entonces, cuando se aplicó el decreto, era el presidente de la cooperativa mayoritaria de taxis, Sebastián Alonso. «Jugó a ser político y fue a por nosotros». Lo dice Pedro Lozano, titular de la licencia 79, que estuvo castigado 1 año y 3 meses sin cargar en Gando. Rosa Rodríguez, de la 205, esposa de Vega, cumplió un año de castigo. «Tenía a mi hijo en la universidad y a mi hija, de asalariada en el taxi, pagando una hipoteca, así que me vi trabajando desde las siete de la mañana, me iba a echar un rato a casa y seguía hasta las 3 de la mañana, así todos los días, para hacer un euro». A Antonio Rodríguez, otro afectado, no le cabe en la cabeza tanta severidad. «Si te pillan con el taxi en el aeropuerto fuera de tu turno, aunque hayas ido a llevar el coche a la gasolinera, te paran y te sancionan, lo de Telde es de locos». Lo contraponen a la actitud que mostró Ingenio, que suspendió las sanciones hasta que los taxistas de su municipio no tuvieron la carta de precios.