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En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número dos de Telde, que investiga este presunto caso de corrupción, el partido que lidera Juan Francisco Artiles suplica a la magistrada Virginia Peña que «ante la continuada inactividad de la Fiscalía», dé «el impulso procesal necesario» para que estas diligencias previas permitan delimitar los daños causados a los ciudadanos por quienes en 2012 hicieron que el Ayuntamiento suscribiese un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial, primero de 65 millones, y luego ampliado a 72, para pagar, entre otras cosas, facturas a las que el Estado no permitía dar cobertura con esas líneas de crédito. Según el Tribunal de Cuentas, los abonos irregulares que se acogieron a estos planes de pago a proveedores ascendieron a casi el 30% del total, más de 24 millones.
MxT apunta que, transcurrida la mayor parte del plazo fijado para la instrucción, que vence en septiembre próximo, y estando aún pendiente la práctica de «numerosas diligencias» solicitadas por este partido (advierte de que la fiscalía no ha pedido ninguna), le preocupa «enormemente que la inactividad» de la fiscal «pueda perjudicar esta investigación y finalmente queden sin esclarecer alguno de los delitos». Le «sorprende» la actitud de la Fiscalía y también por qué no ha intervenido la especializada en corrupción.
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