Los laborales del consistorio, a punto de ir a la Fiscalía

Los trabajadores de las Unidades de Atención Social (UTS) de Telde y de Jinámar llevaban tiempo denunciando el clima de inseguridad y de tensión que estaban sufriendo por el nerviosismo de algunos usuarios. La lentitud de la burocracia o la tardanza del consistorio en entregar las ayudas ha dado lugar a que algunos ciudadanos, frustrados por la situación, hayan terminado por culpar a los funcionarios, a los que han llegado a insultar, a grabar en su puesto de trabajo e incluso a intentar agredirles. Han sido episodios puntuales, pero suficientes como para que los empleados hayan reclamado el auxilio del Ayuntamiento, por ejemplo, medidas de seguridad.

Para poner remedio al problema, el personal presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ha estado solicitando documentación al Ayuntamiento para tramitar el expediente. Entre otras cosas, el 19 de febrero de 2018 pidió la evaluación de riesgos laborales psicosociales de los trabajadores de esas dos UTS. Asegura el comité que el 1 de marzo compareció ante la inspectora de Trabajo el director de Recursos Humanos municipal, no aportó esa documentación y reconoció que no se había elaborado pese a saber del estrés de este personal. La inspectora remitió un requerimiento para exigir esa evaluación, pero pasó un mes y el gobierno local no la ha entregado.

Esta falta de respuesta denota, según el comité de empresa, que al Ayuntamiento «no le importa absolutamente nada» sus trabajadores, de ahí que advierta con ir a la Fiscalía si no se le remite ya esa documentación.

Desde Servicios Sociales, su edil, Diego Ojeda, dejaba claro que su departamento no es el encargado de aportar esos papeles, pero sí apuntó que ese clima de tensión del que hablan los trabajadores ya está superado hace meses. Entre otros indicadores, avanzó que ahora se tarda apenas un mes en dar una cita y que las ayudas que antes tardaban seis meses se están resolviendo en tan solo un mes y una semana.