Telde

La rúbrica con la UTE por el nuevo contrato de limpieza llega con bronca

03/12/2019

La firma debía darse antes del 1 diciembre por mandato judicial y ahora la empresa entrante tiene tres meses para empezar a prestar el servicio, pero FCC ha emprendido medidas legales con el fin de evitarlo.

Bajo un hermetismo poco habitual se está llevando a cabo un proceso inédito en la ciudad como es el cambio de empresa prestataria del servicio público de limpieza viaria, playas, recogida de residuos urbanos y otros afines del municipio sin que haya concluido el contrato actual. El pasado viernes, y sin ningún tipo de anuncio, el Ayuntamiento dio el penúltimo paso para este relevo con la firma del nuevo contrato con la UTE Sufi-Santana Cazorla, la entidad que en un plazo máximo de tres meses tendrá que empezar a trabajar en las calles de Telde. Se trata de un cambio obligado por una sentencia judicial, de la cual el Consistorio tomó conocimiento en la Junta de Gobierno del pasado 16 de octubre, que anula el contrato con FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y obliga a cedérselo a la UTE.

A partir de esta rúbrica, que el mandato oficial exigía que se realizase antes del 1 de diciembre, comenzarán unos procedimientos para que el traspaso pueda hacerse efectivo en menos de 90 días. La subrogación del personal es una realidad y ya los trabajadores han sido informados, pero la cesión de la maquinaria de limpieza podría traer cola puesto que pertenece a FCC. Además, la actual empresa no transferirá sus poderes de forma amistosa. La sentencia perjudica a dicha entidad, ya que le restaban todavía cinco años de contrato y la inversión realizada para cubrir dicha demanda de trabajo no querrá perderla sin pelear.

Por ello, aunque la culminación de este traspaso debería de servir para dar carpetazo a un proceso que se inició en verano de 2009, FCC va a presentar batalla legal hasta el final para evitar que el traspaso sea una realidad. Hace 10 años, el Consistorio adjudicó mediante decreto el servicio de la recogida de la basura y de la limpieza viaria a Sufi-Santana Cazorla, pero entremedias aquel gobierno de Nueva Canarias y PSOE le aplicó una sanción a dicha empresa que le inhabilitaba firmar cualquier contrato con el Ayuntamiento durante cinco años. Entonces se anuló ese primer decreto, y se firmó otro en el que otorgaba el servicio al que quedo segundo en el concurso: FCC. Sin embargo, la UTE inició un procedimiento judicial en el que le acabaron dando la razón en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo número 6 dictada en octubre de 2014. En su momento, el Consistorio llegó a plantear hasta dos incidentes de sentencia al juzgado alegando la imposibilidad de cumplirla, pero ambos fueron rechazados. Y en diciembre del pasado año le llegó un requerimiento para que llevaran «a puro y debido término el fallo», que es justo lo que hizo en la Junta de Gobierno Local del 16 de octubre.

Supuesta mejoría

En teoría, los positivo que trae esta sentencia es que volverá a entrar en vigor el contrato de 2009, por lo que se deberá dotar al servicio del personal y la maquinaria anterior a los recortes que impuso el plan de ajuste aprobado en 2012.

FCC amenaza con demandas patrimoniales

Desde que la Junta de Gobierno tomó conocimiento de la sentencia que obligaba al cambio de empresa prestataria del servicio de limpieza, FCC inició una batalla legal que espera llevar hasta el final. De momento, la empresa que aún se encarga de la recogida de basura del municipio presentó un recurso de reposición y llevó a los juzgados un incidente de nulidad. Pero no quedará ahí la cosa, amenaza incluso con presentar demandas patrimoniales y de prevaricación. «Lo haremos porque desde hace un mes solicitamos por escrito que se nos enviase el expediente del caso y aún no hemos recibido nada. Nos estamos defendiendo a ciegas», afirman fuentes oficiales de FCC.

Por ello, la empresa adelanta que va a tomar todas las medidas judiciales que tengan cabida. «E incluso personales, porque aquellos que han firmado el contrato han participado y tienen responsabilidades patrimoniales y penales», amplían desde FCC. En este sentido, ayer corrió el rumor de que incluso personal del área de Contratación del ayuntamiento teldense con vinculación a este expediente había pedido la baja laboral por miedo a verse envuelto en esta guerra judicial que solo está empezando. Un hecho que la edil del departamento, Celeste López, desmintió de forma categórica a este periódico.