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La investigación a Ambrosio Jiménez y a Pérez Camacho, a juzgados de Tenerife

La investigación a Ambrosio Jiménez y a Pérez Camacho, a juzgados de Tenerife

Jueves, 1 de enero 1970

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La magistrada Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, dictó el 17 de enero de 2018 un auto (que ya ha sido recurrido) en el que insta a la inhibición a favor de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife de la investigación abierta para comprobar si el empresario Ambrosio Jiménez y el exdiputado del PP en Canarias y abogado, Miguel Pérez Camacho, pudieron haber incurrido en supuestos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.

La denuncia llegó a la mesa de esta jueza en el marco del llamado caso ICO-La Mareta, que indaga supuestas irregularidades en el acuerdo al que llegó el gobierno local con Ambrosio Jiménez entre 2011 y 2012 para recuperar la parcela de 6.500 metros cuadrados de La Mareta que el empresario les había comprado en 2005. Adquirirla le costó al Ayuntamiento de Telde 13,2 millones de euros, que fueron pagados con cargo a un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2012, en desarrollo de un real decreto del Gobierno central que, según uno de los denunciantes, Más por Telde, no permitía dar cobertura a pagos como éste. Pero antes de ese abono, Telde y Jiménez firmaron un convenio, en cuyas negociaciones, según la denuncia, participó el despacho de abogados de Pérez Camacho Abogados y Asesores Tributarios SL, que poco después, según un documento de Banca Cívica, percibió una minuta de 1,5 millones de euros por parte del empresario. El dinero con el que se le pagó provino del concedido a Telde por el crédito ICO. Jiménez pidió a su banco, al que le había dado el derecho de cobro de ese capital, que abonara la minuta a Pérez Camacho.

Pérez Camacho lo niega

Pérez Camacho ha negado que participara en aquel convenio ni que haya cobrado un céntimo de Banca Cívica. Ya el fiscal se adhirió en 2017 a una petición de uno de los denunciantes para que se auditaran las cuentas de la empresa de Jiménez y del despacho de Pérez Camacho.

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