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Cristina González Oliva
Jueves, 1 de enero 1970
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La alcaldesa Carmen Hernández y la edil de Hacienda, Celeste López, cargaron ayer contra el sindicato UGT por la reclamación al presupuesto de 2018 durante el periodo abierto tras su aprobación inicial. La regidora puntualizó que a diferencia de las propuestas del CSIF, que eran en defensa de los empleados, UGT solamente cuestiona el gasto político. «Nos llama poderosamente la atención, porque hay asuntos económicos para mejorar las condiciones de los trabajadores y sin embargo están muy interesados en lo que cobramos los cargos públicos», dijo. Insistió en que no habrá subida de sueldos de los concejales ni asesores y que están difundiendo una información errónea. Recordó que al comienzo del mandato «voluntariamente» se redujeron las nóminas un 20% y así seguirá. «Con el esfuerzo nuestro y de nuestras familias hemos ido a resolver asuntos de los trabajadores y por eso nos molesta y nos duele más esta insistencia de un sindicato porque nos parece tremendamente injusto», apuntó.
El pacto ha rechazado, con informe de la interventora, la petición de UGT. También se ha denegado la enmienda de Playgarza, que pedía el pago de letrados por actuaciones judiciales contra Costas porque se había aprobado en una moción en 2009. La resolución recuerda que las mociones son instrumentos políticos y no crean derechos. La tercera ha sido por una expropiación, porque lo que solicita ya está previsto.
Por otro lado se aceptan dos pretensiones de Endesa Sau y Endesa Siglo XXI por facturas que suman más de 300.000 euros. También se validan de forma parcial la demanda de una expropiada y del CSIF. Al sindicato se le acepta cuestiones de prevención de riesgos laborales, vestuario o el incremento de la bolsa de anticipos.
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