Del Castillo demanda daños a los investigados por La Mareta

Estas diligencias del juzgado teldense por las que el empresario pide que se le reparen los daños tratan de averiguar si se cometieron varios delitos en el proceso mediante el cual el Ayuntamiento, gobernado entonces, entre 2011 y 2012, por la alianza entre PP, Ciuca y CC, gestionó la compra de un solar de 6.000 metros cuadrados en La Mareta al empresario Ambrosio Jiménez. ¿Para qué lo quería? Ese terreno formaba parte de las dos parcelas, la P-1 y la P-2, que una sentencia judicial firme obligaba a la corporación local a devolvérselas a Del Castillo, que ganó un concurso municipal en 2003 para construirlas y explotarlas durante un número de años. Primero se aprobó en pleno un convenio para la compra, luego se firmó en notaría y al final se le pagó con un préstamo bancario que avaló el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El importe ascendió a 13 millones de euros.

Gómez denunció porque el convenio que se firmó no se corresponde con el aprobado en pleno y retrasaba la devolución de sus parcelas. Los imputados en este caso, para los que Gómez reclama ahora la imposición de fianzas, son la exalcaldesa Mari Carmen Castellano, el exedil de Urbanismo, Francisco López, el actual secretario municipal, Ángel Sutil, el exinterventor del consistorio, Enrique Orts, el excoordinador de Hacienda, Darío López, el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, y Ambrosio Jiménez.

En la solicitud de Gómez del Castillo incluye además otra petición a la jueza para que, en virtud de los artículos 120.4 y 121 del Código Penal, requiera, en calidad de responsables civiles subsidiarios y de forma solidaria, al Ayuntamiento de Telde y a la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas SL, que es la que pertenece a Ambrosio Jiménez, para que aporten las fianzas que cubran los perjuicios que pide.

Si los investigados no pueden responder, el consistorio podría exponerse a un nuevo desembolso millonario, o a un embargo, por lo que el partido en la oposición Más por Telde (MxT), que figura como acusación popular en la parte de la causa que investiga el pago con el ICO, ha vuelto a pedirle al gobierno local que se persone en el expediente en aras de salvaguardar los intereses de los ciudadanos en el caso de que se le achaque al consistorio la responsabilidad civil subsidiaria de los investigados. Recuerda MxT que ya se lo pidió la propia jueza al gobierno local en una providencia de 2016 que no fue al final atendida. Por lo pronto, el empresario Jiménez ya ha aportado sus alegaciones oponiéndose a la apertura de esta pieza. Y MxT, en cambio, sí muestra su conformidad con que se abra, pero pide considerar al Ayuntamiento como perjudicado.