Gestores y residentes de Jardín del Atlántico llegan a las manos

La problemática de convivencia en el complejo lleva años siendo protagonista en el edificio del Sur de Gran Canaria, una situación que ha empeorado en los últimos meses llegando a la agresión, motivo por el que los afectados han puesto una querella y una demanda en los organismos competentes.

Los hechos, ocurridos la semana pasada comenzaron a las 19 horas tras cerrado el horario de piscina. La junta rectora había permitido y notificado la celebración de un curso de socorrismo en el que el grupo de profesionales a cargo de la formación y los alumnos usarían las instalaciones en su aprendizaje. Sin embargo, una treintena de vecinos impidieron las clases, ocupando la piscina y molestando a los profesionales.

Cuando la administradora Maialen Artetxe y el presidente de la comunidad Joseba Artetxe recibieron la notificación de que era imposible impartir el curso por el boicot vecinal, acudieron al lugar para tratar de lidiar en la situación. «Llegamos a la piscina para poner orden, grabándolo todo porque ya nos han intentado agredir antes», ha explicado, «al presidente de la comunidad al verle grabando le pegaron, le intentaron quitar el móvil y romperlo». Tal y como detalla, «la agresión fue en la cara, con un golpe en el labio mientras le amenazaban diciendo ‘te voy a arrancar la cabeza», ha indicado, «a mi me tiraron al suelo al tratar de mediar en la agresión y me robaron el móvil».

Tal y como ha explicado la administradora de la empresa explotadora, Maialen Artetxe, el último altercado, «no es el primero». Los hechos «son una muestra más de las barbaridades injustificadas de una treintena de vecinos del complejo», ha expresado, con los que a pesar de intentar «llegar a consensos, no hay manera», ya que hacen un «boicot constante» de las gestiones de la empresa en el recinto.

En su opinión «buscan que nos cansemos y nos vayamos» mediante «agresiones, amenazas y faltas de respeto y de civismo», como ya hicieron con el anterior empresario.

Ya se ha puesto una demanda y una querella, tanto por las agresiones como por el robo del teléfono móvil y los problemas de salubridad que ocasionan con sus residuos, que según lo previsto irá a juicio en septiembre.