Solicitan el embargo del 52% de las acciones del capital de Aguas de Teror

22/10/2019

Dueños de una red de tuberías instan la ejecución de una sentencia de 2018 del TSJC que le ganaron al Ayuntamiento por daños a sus instalaciones. La reclamación es de 445.300 euros.

Una comunidad de bienes y varios propietarios (una sociedad y cuatro particulares) de una red de tuberías han solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el embargo de acciones sociales que representen como mínimo el 52% del total del capital social que el Ayuntamiento de Teror ostenta en propiedad de la empresa Aguas de Teror SA. La institución municipal es la dueña del 100% del capital social de esta empresa dedicada a la producción, distribución y venta de agua naturales o de manantial. También instan el embargo sobre dividendos y derechos económicos que perciba como socia de esa misma entidad mercantil. En realidad, la cuantía mínima para la que solicitan el embargo asciende a unos 445.300 euros.

Los abogados de estos propietarios pretenden así que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que data del 18 de octubre de 2018, en la que se condenó al Ayuntamiento de Teror al pago de una indemnización por haberles causado daños en una tubería valorados en 323.044 euros y en unos estanques por otros 1.144 euros. Esa era la cuantía que se fijaba en el fallo, pero dado que ya ha pasado un año sin que el consistorio se las haya abonado, los beneficiarios de la sentencia han tramitado la solicitud del embargo de las acciones municipales en Aguas de Teror, registrada el pasado 16 de septiembre. Pero la reclamación asciende ahora a 445.521 euros, una vez calculados los intereses legales que se están devengando y las costas de la ejecución. En todo caso, cada día que pasa se irán incrementando los intereses.

Ni una sola llamada

Uno de los afectados, Miguel Morales del Toro, se queja de la actitud del Ayuntamiento, que pese a tener un fallo en contra, ratificado en segunda instancia, que confirma los daños que la institución provocó a una tubería de su propiedad, hasta ahora nadie del gobierno municipal se ha dirigido a ellos para tratar de llegar al menos a un acuerdo de pago. Y eso que, recuerda, todo partió de la buena voluntad de los dueños de la tubería de cedérsela sin coste al Ayuntamiento para conducir la salmuera que generase una desaladora que construyeron en Los Granadillos. No solo no la mantuvieron como debían, sino que provocaron «vertidos incontrolados» y dañaron fincas por las que pasaba la red, de ahí la demanda. Primero les reconocieron daños valorados en 1,29 millones, pero en segunda instancia quedaron en 325.000, cuantía que ya se ha visto incrementada.