Varapalo de la justicia a las sanciones de 2011 a los taxis

17/05/2018

Una juez declara prescritas las sanciones que impuso el Ayuntamiento en 2011 a los dueños de licencias de taxis que habían cedido las mismas en arrendamiento a los floteros. Las multas, de 4.600 euros y la retirada de la documentación, no habían sido ejecutadas por el Consistorio

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado prescritas las sanciones impuestas en 2011 por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a los propietarios de dos licencias de taxi que habían sido sancionados por ceder las mismas en arrendamiento a los floteros. Estos hechos fueron la consecuencia de una exhaustiva investigación policial llevada a cabo en el año 2010. La sentencia podría provocar un efecto dominó y extender esta prescripción a las decenas de propietarios de licencias de taxis que fueron sancionados en su día por el mismo motivo y que se encuentran en una situación idéntica a los demandantes.

Los hechos se remontan al año 2010, fecha en la que se llevó a cabo en Las Palmas de Gran Canaria una operación policial para acabar con el problema de los floteros en el transporte público municipal. A raíz de las actuaciones, el Ayuntamiento abrió un sinfín de expedientes para sancionar a los titulares de las licencias que habían cedido en arrendamiento a los floteros –hecho que castiga el reglamento municipal como infracción muy grave–, y que ascendían a 4.600 euros de multa cada una y la retirada correspondiente de la licencia.

Al ser denunciados, varios expedientados se opusieron a dicha actuación municipal, primero en vía administrativa y segundo en vía judicial, pero el Ayuntamiento nunca hizo efectiva la retirada física de la autorización municipal para el taxi. Por este motivo, en verano de 2017, al comunicar el Gobierno municipal a los titulares que debían de hacer entrega de la documentación así como al pago de la multa, volvieron a presentar una nueva demanda alegando que el plazo para ese trámite había prescrito, puesto que las sanciones eran de 2011 y se requirió su ejecución pasados los tres años que otorga como plazo máximo la ley, que esta vez sí fue estimada.

Disparidad. El caso fue a juicio y en el mismo, el letrado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento estimó que el plazo de pago computaba a partir de la firmeza de la sentencia dictada tras la demanda interpuesta por los expedientados, que fueron asistidos por el abogado Alberto Hawach, pero la juez Olimpia del Rosario Palenzuela, consideró en su resolución que la razón le correspondía a los demandantes. Es decir, la sanción era de carácter ejecutivo y, al no solicitarse ninguna suspensión del acto por vía judicial, el periodo para la misma comenzó a computar desde la fecha en la que se interpusieron los expedientes en el año 2011.

«La sanción era exigible desde el acto definitivo en vía administrativa más cuando, como en este caso, no se solicitó medida cautelar alguna de suspensión de ejecución, ni en vía administrativa ni en vía judicial», sostiene la sentencia, que añade para argumentar el fallo que «en este caso, la suspensión fue solicitada, en vía administrativa, pero después de haberse hecho el requerimiento para su cumplimiento, una vez que el plazo de prescripción de la sanción ya había transcurrido», explica la resolución.

Cabe recurso. Ahora, el Ayuntamiento según este fallo –en el que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)–, tendrá que devolver a los sancionados el dinero que les fue embargado en su día, más los intereses.

Además, tras haber estimado el recurso declarando la nulidad del acto administrativo impugnado y la prescripción de la sanción, la magistrada ha considerado condenar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al pago de las costas procesales.

Hay que recordar que el problema de los floteros en el sector del taxi de la capital grancanaria ha provocado varias investigaciones judiciales, como la que derivó en la detención de siete personas vinculadas a este sector en el mes de junio de 2013. Las mismas formaban parte de una estructura organizativa creada para defraudar dinero a Hacienda y que presuntamente llegó a acaparar unas 600 licencias del total de 1.600 de la capital.

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