El caso de la ‘residencia de los horrores’

Rosa Rubio: «Se ha mejorado pero no tenemos que bajar la guardia»

03/10/2019

«La situación de las residencias de mayores en las islas ha mejorado mucho en los últimos años, pero no tenemos que bajar la guardia de ninguna manera». Estas palabras son de Rosa Rubio, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en Canarias y decana de la Sección de lo Civil de Las Palmas, que anunció que en Las Palmas de Gran Canaria «realizamos tres inspecciones al mes, al igual que hacen los demás compañeros fiscales de la provincia», apuntó en referencia al procedimiento penal que se sigue contra los responsables de la residencia de mayores Nuestra Señora del Buen Consejo, de Escaleritas.

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«Tenemos que transmitir un mensaje claro de que, cuando recibimos cualquier información acerca de posibles irregularidades, actuamos de inmediato», manifestó. «En la última década se ha evolucionado mucho porque antes había muchos centros para mayores ilegales que campaban a sus anchas y no se escondían», relata Rubio, que considera «fundamental que la Consejería de Políticas Sociales actúe también con contundencia y dote de los medios necesarios al equipo del Servicio de Registro e Inspección de Centros».

«Se debe fortalecer el servicio de inspección y registro porque si no hay inspectores, se puede hacer poco»

Para la fiscal decana, «es fundamental que tengan medios suficientes para abrir expedientes sancionadores y que luego haya una decisión firme de sancionar y ejecutar dichas sanciones para evitar que esa forma de actuar prolifere y otros hagan lo mismo», declaró a este periódico.

Si la Fiscalía detecta una irregularidad, realiza una inspección y el resultado de la misma se le da traslado a la fiscal jefe que lo remite a su vez a la autoridad competente. «Se informa si hay algo extraño, si no se cumplen normas o si no están bien cuidadas», detalla. La situación de los centros para mayores ha «evolucionado a mejor desde el año 2010», cuando estalló el caso del hogar de ancianos Trinidad, en el barrio capitalino de Vegueta. «En ese momento había muchas residencias ilegales, se dio la voz de alarma y se empezaron a llevar a cabo procedimientos penales. La perspectiva es que, desde aquel tiempo a ahora, se ha mejorado bastante y no hay detectadas residencias con alto grado de desatención hacia sus usuarios», dijo Rosa Rubio.

«Pero estos datos positivos no quieren decir que todo esté hecho. Al contrario, no tenemos que bajar la guardia porque esa necesidad que tiene una parte de nuestra población de ser ingresada y la poca capacidad de respuesta pública que hay, deriva en que se monten residencias de este tipo que no cumplen lo mínimo, no respetan los ratios de personal y se limitan a dejar a la persona mayor a modo de estacionamiento y punto. Son más baratas y se enriquecen sin cumplir la normativa», advierte. Por este motivo, insiste en que se debe «fortalecer el servicio de inspección y registro porque si no hay inspectores, se puede hacer poco», apunta.