«Me despierto preguntándome si van a prohibir mi trabajo»

04/11/2018

Dolores Santamaría es una de los rostros con el que los gestores de alquiler vacacional quieren visibilizar su posición ante la regulación recogida por el Ayuntamiento dentro de las modificaciones del Plan General. Asegura que las restricciones afectarán de forma letal a los propietarios.

david ojeda / las palmas de gran canaria

Dolores Santamaría es afiliada de Ascav (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional), propietaria de un piso que alquila a turistas y gestora de varias viviendas más. También es uno de los rostros con los que la asociación pretende visibilizar sus demandas e inquietudes, que duermen en un lecho de «incertidumbre» desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recogió en las modificaciones del Plan General de la Ciudad la consideración de estas viviendas.

Santamaría asegura que hoy, para ella, la gestión de estas viviendas es el único sustento con el que ella cuenta para sacar adelante su familia. Y teme porque esa situación cambie con la nueva regulación. «Vivo en una incertidumbre absoluta. Cada día que me levanto para ir trabajar no sé si me van a prohibir o no mi trabajo», indica.

Esta propietaria de viviendas vacacionales en Las Palmas de Gran Canaria maneja un discurso ofendido, critico con los que muestran una imagen insaciable de los representantes de un sector al que se acusa, entre otra cosas, de la subida de precios en el mercado del alquiler. «Me dedico a gestionar viviendas y a llevar una mía, que mi padre me dejó en herencia. También soy quien los limpia y quien recibe a los turistas; trabajo 365 días. Por eso estoy cansada de los que nos quieren endosar la imagen de especuladores, eso es lo que hacen los hoteles. A los que les interesa hacer demagogia y a los que se está favoreciendo con los impedimentos que están poniendo los políticos. No es verdad que somos ricos que queremos sacar más beneficio, que nos pintan con los colmillos para chupar la sangre a los clientes», manifestó.

Dolores Santamaría es una de las 1.300 personas que en Las Palmas de Gran Canaria aseguran estar en riesgo de quedarse sin ingresos debido a la asunción de las normas impuestas por el Gobierno de Canarias, incluidas y llevadas a pleno en las modificaciones del Plan General. Entre otras normas, para ellos de complejo cumplimiento, se encuentra la imposición de que los edificios en los que se encuentran estas viviendas diferencien las entradas entre turistas y los residentes habituales. «Llevo tres años dedicándome a esto y no he tenido ningún problema. Los vecinos, cada vez que me ven, me destacan lo amables que son los clientes que alojo», aseveró.

«¿Por qué tengo que alquilar mi vivienda conforme me lo dice un político?», se pregunta Santamaría.

El pasado martes Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, manifestó que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad no lo hacen desde la legalidad burocrática pertinente. Algo en lo que ella vuelve a estar en desacuerdo. «Tengo la licencia de Turismo, que es un trámite que hay que hacer en el Cabildo. Tengo mi identificación, mis libros de registro y de reclamaciones, y estoy dada de alta como autónomo. Pagando mi cuota. Al principio no era necesario este último punto porque me dedicaba solo a mi vivienda, pero al asumir la gestión de otras ya tuve que darme de alta», señaló.

Ahora asegura vivir en un limbo, a la espera de que cristalicen las nuevas medidas que el Ayuntamiento ha asumido en su reglamento de ordenación tras las modificaciones del Plan General que rige la ciudad llevando a cabo las normas del Gobierno de Canarias, autoridad competente al respecto.

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