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Los vecinos quieren frenar la MetroGuagua

Los vecinos quieren frenar la MetroGuagua

Un «interdicto» para «exigir que se pare la obra hasta que haya un proyecto claro». Eso es lo que pretende interponer la plataforma ciudadana contra la MetroGuagua, integrada por residentes en Alcaravaneras y Ciudad Jardín. Denuncian que la actuación «es absolutamente ilegal» y carece «de estudio de impacto medioambiental».

Jueves, 1 de enero 1970

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La plataforma ciudadana en contra de la MetroGuagua que han constituido vecinos de Alcaravaneras y Ciudad Jardín pretende paralizar la obra que se lleva a cabo en estos momentos en el entorno de Pío XII «hasta que haya un proyecto claro» mediante la presentación de un «interdicto», un procedimiento civil sumario que se usa, entre otros asuntos, para paralizar la obra nueva en el caso de que el denunciante considere que se vulneran sus derechos.

Así lo anunció Mario Hernández Sanginés, uno de los portavoces de la organización, en un encuentro celebrado en la mañana de este miércoles con colaboradores y simpatizantes. Añadió que «ha llegado el momento de hacer una oposición más seria», por lo que hoy mantendrá una reunión con los abogados que asesoran al colectivo para plantearles, al margen de las «medidas judiciales que ya están en marcha», iniciar el anunciado interdicto además de «dos contenciosos administrativos».

El portavoz de los ciudadanos que se sienten afectados por estos trabajos aseguró que el objetivo que persiguen con estas acciones es «saber cuál va a ser ese proyecto, cómo se va a hacer, cómo va a afectar en el aspecto económico y social a los comerciantes, a los taxistas y a los ciudadanos en general».

La plataforma siempre ha denunciado que el Ayuntamiento no le ha informado de un proyecto que aseguró César Muñoz, arquitecto presente en el encuentro de ayer, «tiene que tener un estudio de impacto medioambiental que no existe».

Asimismo, Ángel López Torné, ingeniero que pertenece a la plataforma ciudadana, aseguró que «en base a la Ley de Contratos del Estado, no hay proyecto, incumplen con las contrataciones» y «es absolutamente ilegal lo que están haciendo».

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