El Gobierno canario deniega el permiso al biodigestor de Tenoya

20/06/2018

El Gobierno de Canarias acaba de emitir una resolución por la que rechaza la autorización para instalar un biodigestor en Tenoya. Los vecinos recuerdan que su objetivo es desmantelar la obra.

Tras la admisión a trámite por parte del Parlamento Europeo de la denuncia de los vecinos de Tenoya contra el biodigestor que se construye en la finca La Montañeta, en la antigua carretera a Casa Ayala, el Gobierno de Canarias acaba de emitir dos resoluciones que afianzan la posición vecinal: en una se deniega la autorización de instalación de la planta de tratamiento de lodos y residuos; y en la otra, se rechaza la evaluación de impacto ambiental.

Las dos decisiones fueron transmitidas a los vecinos de Tenoya, en una reunión que se celebró en el barrio en la tarde del lunes, por parte de la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez y la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas.

Las resoluciones autonómicas tienen su base en la decisión del área de Urbanismo del Ayuntamiento, de marzo de este año, por la que se informó de modo desfavorable de «la compatibilidad urbanística y la susceptibilidad para la autorización administrativa del citado proyecto, motivo que impide por sí solo la concesión del título habilitante».

El representante vecinal en esta lucha ha sido Lorenzo Santana, antiguo presidente de la asociación de vecinos, quien no dudó en criticar el papel del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo en este procedimiento. «No se han movido por los vecinos», expuso Lorenzo, «pero con estas resoluciones, ya nadie se ríe del pueblo».

Trámites y desmantelamiento

Los vecinos son conscientes de que el proceso no acaba aquí. Y no solo por posibles recursos que pueda presentar la promotora del biodigestor, sino también por otros dos hechos: en primer lugar, por la tramitación judicial y europea del asunto; y, en segundo término, porque los propios afectados exigen el desmantelamiento de la obra. «Queremos que devuelvan el estanque a su estado original o si no, que se cedan estas instalaciones para el pueblo», añadió Lorenzo.

En el encuentro del lunes también estuvo presente el vicesecretario de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Yeray Castellano, quien destacó que «la lucha vecinal ha sido clave para combatir la desidia municipal del tripartito, que pudo haber actuado al respecto, pero eligió dejar indefensos a los vecinos de Tenoya».

En su opinión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debió haber pedido un informe de impacto ambiental previo a otorgar la licencia «y así haber evitado este calvario que han venido sufriendo los vecinos desde hace cinco años». Al hilo de esto, Yeray Castellano solicitó a los representantes municipales «que ante situaciones como ésta, se posicionen con los vecinos, preservando y defendiendo los intereses generales y no el interés privado».

«Es lamentable que el Ayuntamiento autorizase una obra de este tipo pese a la proximidad de las casas y sin pensar en lo que supondría para los vecinos», expresó Castellano a través de una nota de prensa. Y añadió que «es más cuestionable aún si cabe que no revocase la autorización pese al informe desfavorable emitido por los propios técnicos municipales en el año 2016».

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