El Gobierno autoriza una obra de emergencia en Guanarteme
Los vecinos denuncian la continuidad de los trabajos pero un informe técnico alerta del riesgo de desplome si no se construye un muro de contención. Se trata del edificio de once plantas que se levantará en Castillejos, una vez que ha sido desviada la canalización del barranco.
La Delegación del Gobierno en Canarias ha emitido un dictamen con el que permite a las constructoras evitar la orden de paralización fijada por decreto para las actividades no esenciales, como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, pero solo «por razones de seguridad». La dispensa, que queda a expensas del director facultativo de la obra, impone que debe haber un número mínimo de plantilla y exige un informe técnico que acredite que la paralización de la obra supone un riesgo para la seguridad y salud de las personas y los edificios.
Esta posibilidad es la que ha permitido que Acosta Matos continúe los trabajos de cimentación del edificio de once plantas que se ha proyectado en Guanarteme, en la manzana que forman Castillejos, Almansa y Vergara. Será solo por tres días para evitar que los micropilotes que fueron implantados en el terreno antes de la suspensión de la actividad impuesta al sector de la construcción se venzan y generen un riesgo de corrimiento del terreno y de desplome de las viviendas colindantes.
«Es por la seguridad de los vecinos ya que si no, existe el riesgo de que las casas se vayan al suelo», explicaron desde la constructora.
Los vecinos, sin embargo, denunciaron la continuidad de los trabajos, al entender que se trata de una treta para saltarse la orden de paralización. «Queremos denuncian las obras que se están realizando mientras está vigente el estado de alerta», explica Manuel Armas, uno de los residentes que vive en las casas que pegan a la obra y cuyas ventanas están bajo riesgo de ser taponadas cuando se levante el nuevo edificio de once plantas y 119 viviendas.
Los afectados aseguran que van a denunciar este hecho, pese a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya les ha dicho que esas ventanas no son legales por estar en un muro medianero. «Las nuestras sí son legales», se defiende Armas, «mi casa tiene más de cien años y estas ventanas son el único punto de luz que tiene la casa».
Los vecinos se sienten desamparados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en especial por el concejal de Urbanismo. «Javier Doreste está causando destrozos en esta ciudad», expone Armas, «en un barrio de cuatro plantas permite once alturas, encima sobre el cauce público de un barranco y tapando la única entrada de luz de casas antiguas».
El concejal siempre ha respondido que desde el Consistorio nada puede hacerse porque la obra se ajusta al planeamiento -pues fue incluida en el Plan General de 2012-, y porque la mejora del cauce del barranco fue solicitada por los vecinos en los presupuestos participativos y tiene la bendición del Consejo Insular de Aguas desde 2016.
En enero de 2020 se aprobó la reparcelación de varias fincas, solicitada por Almacenes Guanarteme, para poder impulsar la actuación de dotación AD-09. Se trata de un instrumento de ordenación que permite el crecimiento en altura a cambio de la cesión de suelo público. En el caso de la AD-09, se agrupan seis fincas para conseguir una parcela de 1.110,72 metros cuadrados sobre los que se levantará el edificio, que tendrá once plantas en su parte central; otra de 492,19 metros cuadrados, de titularidad también privada, para construir un aparcamiento subterráneo, pero dejando la superficie como espacio libre; y otra de 470,36 metros cuadrados de titularidad pública, también para espacio libre, y bajo la que se encuentra la nueva tubería del barranco.
