Tribunales

El Gobierno acusa a 26 procesados del Fundescan por estafa y fraude

12/06/2019

El letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias ha formulado un escrito de acusación en el que pide cuantiosas penas de prisión y multas para los 26 acusados –además del sindicato UGT-Canarias– procesados en el caso Fundescan, que investiga por apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a miembros del patronato que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones destinadas para cursos con otros fines como tapar agujeros económicos del sindicato.

Esta parte interesa por el presunto delito continuado de estafa y defraudación de subvenciones públicas, penas de diez años de prisión y el pago de 2,86 millones de multa cada uno a Alicia Rodríguez, José Lorenzo López, Manuela Fernández, Miguel Pérez, Jesús Trancho y Andrés Pérez. Mientras, estima que deben ser condenados con nueve años de cárcel y el pago de la misma cantidad Juan Raúl Núñez, Antonio Martín Guerra y José Antonio Montesdeoca. Pide el letrado del Gobierno de Canarias siete años de reclusión y el pago también de 2,86 millones de multa a Carmen Dumpiérrez, José Yanes, Carmen Guadalupe Parrilla y Juan Francisco Fonte, todos ellos por los mismos delitos que los anteriores.

Por último, solo acusa esta parte por un delito continuado de estafa a Rosario Fátima García, Rodolfo León, Rosa Afonso, Dulce Quintana, Gilberto Díaz, Arsenio Pérez, María Asunción Moreno, Ana María Armas, Olga Cáceres, Bonifacio Ramón Rodríguez, Lidia Adelina Quintana y Rafael del Castillo, para quienes interesa una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 36.000 euros cada uno.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, el Gobierno autónomo estima que UGT-Canarias deberá indemnizar a la Hacienda Pública Autonómica (Servicio Canario de Empleo) con 2.827.339 euros, equivalentes a los fondos para cursos que no se destinaron a tal fin, además de las cantidades pendientes de reintegrar por Fundescan, todo ello con los recargos e intereses.

Cuatro ejercicios.

Según el escrito de acusación de esta parte, los imputados «miembros de la comisión ejecutiva regional UGT-Canarias o del patronato o junta directiva de Fundescan, o de sus altos cargos de la misma», con el presunto ánimo de defraudar a la Hacienda Pública Canarias, «solicitaron y obtuvieron subvenciones del Servicio Canario de Empleo para formación profesional continua de trabajadores cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para los años 2006, 2007, 2008 y 2009». Posteriormente, aplicaron parte de esos fondos a «fines distintos de los que se contemplaron en la concesión», concretamente, para cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a los cursos de formación que ascenderían a 1.090.122 euros.

El procedimiento está aún pendiente de ser señalado.

Un ‘pufo’ de 1,09 millones de las subvenciones.

Como refleja el responsable de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias en el escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, UGT-Canarias se vio beneficiada supuestamente de subvenciones otorgadas a Fundescan en los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

Entrando en detalle, el documento entiende que en 2006 se le concedió una subvención de 2.375.249,26 euros a UGT-Canarias para la ejecución de un Plan de Formación por medio del Contrato Programa Intersectorial suscrito por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno regional. De este montante, estima esta parte que UGT-Canarias se quedó con 157.382’48 euros para «cubrir gastos totalmente ajenos a estos cursos de formación».

Este mismo modus operandi se realizó supuestamente en 2007 con un fraude de 290.000 euros divididos en dos subvenciones diferentes, mientras que en 2008 cuantifica el Ejecutivo que el dinero de ayudas que se quedó el sindicato ascendió a 424.522 euros. Por último, en 2009 la desviación de fondos para UGT-Canarias fue de 218.217 euros, según el escrito de acusación.

En total, la cantidad estafada ascendería a 1.090.122 euros.

Cinco puntos de interés.

Deuda de 1,7 millones con el Ejecutivo autónomo

Según esta parte, a fecha de 9 de abril de 2019 y según certificado expedido por Servicio de Gestión Económica, Presupuestaria y Planificación del Servicio Canario de Empleo, Fundescan mantiene con el Gobierno una deuda de 1.737.216 euros a consecuencia de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas y que no había justificado, y que no ha reintegrado.

Carlos Ucha, contratado cobrando 1.200 euros

Estima el letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias que, para favorecer a altos cargos de UGT-Canarias, los imputados ordenaron supuestamente que se contratara como asesores de Fundescan, entre otros, a Carlos Ucha. Desempeñó tal cargo entre el 1 de agosto de 1998 y el 31 de agosto de 2007, a pesar de que ese puesto no existía, cobrando un salario de 1.200 euros mensuales a costa de Fundescan y ello a pesar de que no realizaba ninguna labor por cuenta y en beneficio de la fundación.

43.000 euros de indemnización y de nuevo contratado

Tras ser despedido en 2007, los investigados ordenaron presuntamente que se abonara a Ucha una indemnización de 43.000 euros reconociendo de forma injustificada un supuesto despido improcedente y con el único objeto de beneficiarlo. A pesar de ello, Ucha fue contratado nuevamente, como director gerente de Fundescan el 27 de julio de 2009, y hasta el 15 de mayo de 2010, careciendo de la titulación, capacitación y experiencia necesarias.

Barrios y Hernández, de UGT, como asesores

En las mismas condiciones, contrataron cobrando a costa de Fundescan pero sin prestar servicios para la fundación sino para UGT- Canarias, a Miguel Ángel Barrios y Hermógenes Hernández, situación que se extendió entre el 1 de agosto de 1998 y el 1 de diciembre de 2005 en el primero, y entre el 1 de agosto de 1998 y el 30 de noviembre de 2005 en el segundo. Barrios cobró 1.743,38 euros mensuales y Hernández, entre los 1.500 y los 1.600 euros.

La prescripción, culpa del propio juzgado

Por último, esta parte informó que el 5 de noviembre de 2013 formuló denuncia ampliatoria en la que relató hechos presuntamente constitutivos de delito de fraude de subvenciones y que, según el auto de procesamiento, estarían prescritos respecto de todos los investigados. «Este retraso no ha sido por causa imputable a la misma, sino como refiere el juzgador por haberse extraviado en el propio juzgado», estimó el Gobierno de Canarias.

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