El exjefe de la Policía dice ser víctima de un tribunal de honor

13/01/2020

El comisario principal denuncia en la demanda contra su cese que se le generó una situación de indefensión. Asegura que los «falsarios» motivos alegados por el Ayuntamiento para justificar su remoción no solo resultan «enfermizos» sino que son «integradores de desviación de poder»

El tribunal de honor era una institución castrense que se creó en el siglo XIX para juzgar si un individuo era digno de pertenecer al cuerpo militar. Luego se extendió a la administración civil a principios del siglo XX y aunque fueron abolidos con la II República, Franco los restituyó tras la Guerra Civil. En la actualidad está prohibido por la constitución española. El exjefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, asegura en el escrito de denuncia contra su cese en el cargo, presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de la capital, que el Ayuntamiento le aplicó un tribunal de honor.

«Se violaron sus derechos constitucionales», explica su abogado, Alberto Hawach, «pues fue sometido a un tribunal de honor prohibido por el artículo 26 de la Constitución».

De esta circunstancia acusa también a la jefa de Personal por aceptar el informe del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en el que se justifica el cese, sin haber seguido un procedimiento de remoción reglado. «Prefirió someter a mi patrocinado a un tribunal de honor, proscrito por el artículo 26 de la Constitución, ya que optó torticeramente por forma parte de la farsa del cese, pues el motivo real (el de los informes negativos de la gran cabalgata del carnaval 2019 por total falta de personal y seguridad, y el impago de las horas extra a los policías capitalinos) impedían su volcado en una resolución de cese», prosigue la defensa letrada.

El comisario entiende que el concejal fue puesto en alerta por sus antecesores en este área y, por tanto, el grupo de gobierno actuó con prejuicios para cesarlo. «Nos encontramos ante una autoridad administrativa, el señor concejal de Seguridad, prevenida, contaminada y parcial en sus juicios técnicos (derrapados desde que fue nombrado como concejal hacia juicios de valor subjetivos) sobre el señor Saavedra Brichis», expone el abogado.

Además, se denuncia la información que, sobre el exjefe, le fue traspasada al concejal antes de que iniciara su relación con el Ayuntamiento, tal y como este mismo reconoce en su informe de propuesta de remoción. «¿Cómo es posible que antes del inicio de la relación de este concejal de Seguridad con el Ayuntamiento haya tenido acceso de fraudulenta forma a datos, informaciones y expedientes fantasma (que jamás se han incoado) relativos al señor Saavedra Brichis?», pregunta Alberto Hawach al juez en su escrito de demanda.

Considera el comisario principal que esta transmisión de información, previa a la toma de posesión de la concejalía, vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los Derechos Digitales, pero también el propio Código Penal. «Pues no concurría en él -se refiere alconcejal de Seguridad- el estatus de autoridad pública cuando conoció esas informaciones (...) que además condicionan severamente su informe propuesta de cese», apunta.

Para apuntalar el argumento de la resolución prejuiciosa, el escrito de demanda analiza los treinta días hábiles de relación que mantuvieron el concejal -desde su nombramiento- y el comisario principal de la Policía Local. «Es de una palmaria claridad que 30 días son claramente insuficientes para saber si el señor Saavedra es leal o no es leal, y denotan el mayor peso para el informe destructivo de las informaciones previas que le transmitieron al señor Íñiguez los anteriores responsables políticos (sin expedientes disciplinarios ni informativos incoados al efecto), pues son falsas de toda falsedad tales aseveraciones».