Doreste dice que los constructores están manipulados por el PP

18/02/2020

El concejal de Urbanismo responde a las críticas de María de la Salud Gil por los impagos, las bajas temerarias y los retrasos de las obras, atribuidos a Geursa. El edil asegura que las denuncias son «mentira» y acusa a la asociación de ser «palanganeros del Partido Popular».

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, calificó este lunes de «mentiras» las denuncias proferidas por la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, respecto a las bajas temerarias amparadas supuestamente por la sociedad municipal de Gestión Urbanística (Geursa) en la adjudicación de las obras municipales. Los constructores también denunciaban la deuda que acumulan las empresas por impagos municipales y responsabilizaban al Ayuntamiento de los retrasos en las obras.

«De las 240 obras que tenemos en la ciudad, solo hemos tenido problemas en cinco o seis», respondió el edil de Urbanismo. «Llama la atención cómo el Partido Popular, en su política de acoso y derribo a este gobierno, llega a manipular y utilizar a la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas», añadió el concejal.

Javier Doreste recordó la participación de Salud Gil en la vida política canaria, vinculada al PP. «La asociación está presidida por una consejera del nefasto (José Manuel ) Soria y que intentó ser alcaldesa por el Partido Popular», explicó.

En su opinión, «deberían hacérselo mirar, tanto el PP como la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas».

Bajas controladas

Doreste aseguró que «no se pueden hacer las bajas que ella dice» y que fueron fijadas por Salud Gil entre un 30% y un 40% del precio de licitación en el 73% de un total de setenta obras adjudicadas entre 2018 y 2019. El concejal aseguró que se aplican fórmulas matemáticas para controlar y evitar las bajas temerarias y aclaró que las cifras aportadas por los constructores serían ilegales.

El edil también indicó que los precios están fijados en base a un convenio que tiene la Federación Canaria de Municipios con la asociación de constructores y suministradores. «Siempre hemos cumplido la ley y hemos defendido el interés público», sentenció el responsable del área urbanística municipal.

«Es curioso que ahora la asociación venga a denunciar con estas falsedades haciendo de palanganeros del PP», prosiguió.

El también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria negó que hubiera impagos, aunque sí reconoció retrasos, que atribuyó a que en los dos últimos meses del año se ralentiza la administración municipal y, por tanto, las facturas. Dijo que todas las semanas se emiten certificaciones y aclaró que las dos facturas que se debía a la constructora que está realizando la reposición de viviendas en Tamaraceite ya están pagadas.

Doreste insistió en que los retrasos no son imputables a Geursa y volvió a señalar el interés político que persigue la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. «Están sirviendo a los intereses del Partido Popular, que se vuelve a significar como el partido de los empresarios, no como el de los ciudadanos», terminó.

En defensa de la actividad de Geursa salió también el viernes pasado el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, el mismo día en que María de la Salud Gil ofrecía una rueda de prensa organizada para denunciar la vampirización de las constructoras por parte de la sociedad pública.