Caducada la licencia de obra del Canódromo

24/02/2020

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de la capital declara la caducidad del permiso concedido a Realia en 2006 y prorrogado en 2008 para levantar dos torres de catorce plantas de altura. La segunda ya está casi levantada.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de dar la razón a la asociación de vecinos Ciudad Alta en su empeño por impedir la construcción de las torres del Canódromo. Una sentencia dictada por la jueza Sagrario Tovar de La Fe, fechada el pasado 13 de febrero, acaba de anular la resolución que emitió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la cual se desestimaba la solicitud vecinal que instaba a que se declarase caduco el permiso de obras. De este modo, el fallo declara «la caducidad de licencia del Canódromo, otorgada el 22 de noviembre de 2006, prorrogada el 5 de noviembre de 2008, imponiendo las costas» al Consistorio.

La resolución judicial, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, apunta que si las obras autorizadas por una licencia no se inician en un plazo determinado o se suspende durante un cierto tiempo, la autorización municipal pierde su eficacia. «Como quiera que el otorgamiento de la licencia urbanística determina la adquisición del derecho a edificar, su caducidad extingue tal derecho y el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada, salvo autorización expresa para garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como el valor de la edificación ya realizada», señala la sentencia.

Dos años para iniciar y dos para concluir

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento a Realia Business en 2006 y más tarde, en noviembre de 2008, se autorizó una prórroga. Desde ese momento, se daba a la constructora un plazo de un año para iniciar los trabajos y dos años para concluirlos.

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Sin embargo, la batalla judicial que emprendieron los vecinos de Schamann en contra de las dos torres obligaron a suspender las obras, por orden judicial, a partir de julio de 2009. En 2012 una resolución judicial puso fin a la suspensión cautelar que se impuso sobre las obras, pero como desde entonces no se retomaron las obras, se entiende que la construcción fue abandonada. Así, la magistrada considera que «la existencia de otros procesos judiciales distintos a aquél en el que se suspendieron cautelarmente, no es justificación para que le impidiese, realmente, continuar las obras durante tan dilatado periodo temporal en el que han estado y están paralizadas».

La magistrada aclara que, a partir del 5 de diciembre de 2012, Realia tenía dieciséis meses y cinco días para ejecutar las obras. De este modo, la obra debería haber estado finalizada en torno a abril de 2013.

Sin silencio administrativo

El fallo rechaza también que se pueda aplicar el silencio administrativo positivo en favor de Realia, que solicitó la suspensión del plazo de ejecución de las obras en julio de 2015.

Pero es que además, la sentencia recoge las declaraciones del arquitecto y director facultativo de las obras de construcción de las torres del Canódromo, Félix Juan Bordes, quien «afirmó que tras la suspensión de las obras según recordaba en 2009, tras informar del estado en que quedaban las obras por razones de seguridad, quedó a la espera de que Realia le comunicara una orden para la continuidad de las obras, sin que recibiera orden alguna durante todo este tiempo para reanudar las obras, comunicándole recientemente su intención de resolver su contrato».

El procedimiento que ahora concluye con la caducidad de la licencia es el segundo intento de la representación vecinal por conseguir que la autorización de obras quede sin efectos. El primero no prosperó porque se presentó antes de que caducara la licencia, pero sí aclaraba la fecha de extinción, lo que abría la puerta a un nuevo recurso.

Mientras se resolvía este asunto, las obras volvieron a reanudarse en agosto, hasta el punto de que la segunda torre ya está casi finalizada.

Veinte años de historia

La historia moderna de la parcela del Canódromo -una vez abandonado su uso como recinto de carrera de galgos- empieza en 2000, cuando durante la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento cambió el uso dotacional incialmente previsto para el ámbito, por 13.200 m2 de uso residencial para 120 viviendas, y todo ello sin el debido sometimiento a información pública.

Tras ello, en mayo del año 2002 el Ayuntamiento firma un acuerdo con Urbacan: la empresa cedía el Canódromo a cambio de una parcela en Las Torres valorada en 3 millones. Urbacan vendería luego esta parcela a Realia por un precio de 7,5 millones de euros.

Cambio de uso de la parcela

En octubre de 2003, el Ayuntamiento aprueba el plan especial de Canódromo en desarrollo de las determinaciones del PGO no sometidas a información pública, momento en el que los vecinos de Schamann se percatan del disimulado cambio de uso de la parcela y se inicia la larga batalla judicial que aún hoy no ha terminado. Por entonces, Urbacan recibe la parcela donde irán las torres. Estaba valorada en 2,5 millones de euros y también fue vendida a Realia por 7,05 millones de euros.

Desde 2008 se empiezan a producir los pronunciamientos de la justicia, hasta que en 2014 el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de los 13.200 m2 de uso residencial para 120 viviendas en Schamann definida en los planes de 2000 y 2003, quedando pendiente de enjuiciar si los mismos parámetros son también nulos al haberse reproducido en las sucesivas versiones del planeamiento municipal de 2005 y 2012.