Las ayudas por el cierre de la vía El Risco-La Aldea, sin resolverse

09/04/2018

Las ayudas del Cabildo a personas y entidades perjudicadas por el cierre de la carretera GC-200 entre El Risco y La Aldea desde el 10 de noviembre de 2016 al 7 de abril de 2017, por desprendimientos en Andén Verde, siguen sin abonarse. Las casi 300 solicitudes recibidas están revisándose.

El Cabildo no ha adjudicado ni uno de los 500.000 euros que ha presupuestado entre 2017 y 2018 para compensar a las personas físicas, pymes y autónomos perjudicados económicamente por el cierre de la GC-200 en el tramo de Agaete a El Risco durante seis meses a caballo entre 2016 y 2017. Y no lo hará hasta conocer con detalle a cuánto asciende el importe total de las solicitudes que sean aprobadas una vez que culmine el actual proceso de revisión de las casi 300 recibidas.

La Consejería de Presidencia ha contratado a un técnico para revisar las solicitudes y reclamar la documentación no presentada. Su titular, Pedro Justo, adelanta que en función del montante final, el Gobierno insular decidirá si el dinero que piden los afectados se cubre íntegramente o si se produce una quita. «Si el volumen es superior estudiaremos las fórmulas posibles de prorrateo, sea a partes iguales o asegurando un fijo. No está cerrado», explicó.

La mayoría de las solicitudes son de vecinos de La Aldea que reclaman una compensación por el mayor gasto de transporte, en guagua o vehículo propio, que les supuso el cierre de su principal vía de entrada y salida.

El cierre, al principio provisional, fue definitivo dos semanas después. Los técnicos del Cabildo así lo decidieron ante la inseguridad de la vía, desplomada en parte tras la caída de 300 metros cuadrados de piedras. Las mallas puestas años antes no eran garantía suficiente. La primera fase de la carretera nueva, entre La Aldea y El Risco, no entró en servicio hasta al 10 de abril de 2017.

La ayuda pedida por la cooperativa agrícola Coagrisan, por el mayor gasto de sus envíos por carretera desde La Aldea, se ha rechazado porque «no se ajusta al perfil» de la convocatoria, que limitaba a 10 el máximo de trabajadores para las empresas establecidas en La Aldea y El Risco. Autónomos y entidades también debían ejercer allí su actividad.

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