La Justicia reanula el convenio de los bomberos del Consorcio

14/03/2019

Otra sentencia, segunda en una semana, condena que la Junta General impusiera las condiciones de trabajo sin aceptar una mediación. La plantilla hace huelga de celo desde entonces, hace un año.

El acuerdo de la Junta General del Consorcio de Emergencias de hace ahora un año que aprobó las actuales condiciones de trabajo de los bomberos acaba de sufrir otro varapalo judicial el segundo en una semana, al ser anulado también por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

El fallo estima íntegramente la demanda del sindicato CSIF contra el acuerdo del Consorcio que impuso a los bomberos unas nuevas condiciones de trabajo desde el 27 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, una decisión adoptada después de rechazar la propuesta de acuerdo con los trabajadores presentada por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo y presidente de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, quien renunció al cargo días después.

Como la anterior, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, esta sentencia condena al Consorcio por incumplir la obligatoriedad legal de acudir al procedimiento de mediación cuando la negociación no haya sido posible, y siempre que lo solicite una de las partes, como así ocurrió al demandarlo ante por escrito la Junta de Personal del Consorcio.

«No habiendo acudido al procedimiento de mediación que la ley impone, no cabía la posibilidad de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo, como ha hecho la administración, por lo que cabe declarar la nulidad del acuerdo impugnado», dice textualmente la sentencia, contra la que también cabe recurso de apelación.

En respuesta a la imposición de las condiciones de trabajo impulsada por los alcaldes del Consorcio, la corta plantilla de bomberos de la entidad que conforman el Cabildo, 19 de los 21 ayuntamientos de la isla y el Gobierno de Canarias, rechaza desde hace un año la realización de horas extra y lleva a cabo una huelga de celo por las carencias de material que mantiene su servicio en mínimos.

La primera sentencia que ha anulado las condiciones de trabajo impuestas estimó el recurso presentado por la Junta de Personal, que había reclamado la intervención de un mediador para agotar los procedimientos de solución extrajudicial en la vigésimo segunda reunión de la mesa de negociación, celebrada el 5 de septiembre de 2017.

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