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El juez da vía libre al traslado de árboles en Tejeda

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26/06/2018

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital grancanaria ha levantado la paralización de las obras de la zona comercial de Tejeda, que suponía el trasplante de los árboles en las calles Doctor Domingo Hernández y Tomás Arroyo Cardoso, ordenado hace veinte días.

El auto judicial que levanta la suspensión de las obras en Tejeda responde al recurso del colectivo que pretende frenar los trabajos, después de que el Ayuntamiento desestimara en primera instancia su petición. La decisión municipal permitió a principios de mes continuar con las obras de la polémica para la zona comercial abierta que había dividido a los habitantes del municipio. Aunque la suspensión cautelar fijó un plazo de 3 días para que las partes aportasen sus alegaciones, las obras quedan ahora validadas y reactivadas.

El Consistorio había justificado su actuación en que los árboles instalados en la zona estaban provocando graves daños debido a sus raíces, proponiendo su traslado a otro lugar. Los recurrentes argumentaban la pérdida de ejemplares irrecuperables.

Razonamientos jurídicos

El auto judicial firmado el desestima los fundamentos de las asociaciones recurrentes, según las cuales existía peligro de mora procesal puesto que de no paralizarse la obra, la intención de salvaguardar la integridad de los árboles afectados perdería efectividad.

El juez que instruye el caso atiende al razonamiento del Consistorio, que niega que se trate de una «tala masiva» de árboles, ya que afecta a unos pocos ejemplares que «carecen de cualquier tipo de protección» y que pretenden trasladar a otra zona municipal en total, 10 ejemplares. Entiende, también, que no existe peligro por mora procesal, ya que la retirada de los árboles supone un 1% del proyecto, y que de no llevarse a cabo no se podrían continuar con las obras. Mantenerlos en su ubicación actual, recoge el auto, supondría «la necesidad de redactar un nuevo proyecto e indemnizar a la contrata, además de perder la subvención concedida» (una cantidad que asciende a 1.300.431 euros).

Teniendo en cuenta lo expuesto, el juez atiende los argumentos municipales y procede a «alzar la suspensión» dictada el 6 de junio, sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente y concediendo quince días de plazo para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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