El contrato nulo de conservación viaria de Medianías, a los juristas

14/02/2019

Contratación traslada a los servicios jurídicos el informe que le solicitó Obras Públicas sobre los trámites a seguir para cumplir la sentencia que obliga a readjudicar o indemnizar a una empresa.

Las Palmas de Gran Canaria

La Mesa de Contratación del Cabildo decidió ayer que no es competente para emitir el informe que le solicitó el Servicio de Obras Públicas sobre los trámites a seguir para cumplir con la sentencia que en octubre pasado anuló el concurso para la conservación de las carreteras de Medianías y Cumbres que había ganado la empresa Pérez Moreno por 7,9 millones de euros y condenó al Cabildo a adjudicar ese contrato a otra entidad, Lem Infraestructuras, o a indemnizar a esta última con una «cuantía apropiada».

El consejero de Hacienda, Pedro Justo, explicó que la Mesa de Contratación resolvió trasladar el asunto a los servicios jurídicos del Cabildo para que dictaminen si procede la anulación y readjudicación del contrato, de dos años de duración y una posible prórroga durante otro, o una indemnización a la empresa denunciante, así como los trámites a seguir para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Sobre el importe de esa posible indemnización, en caso de resolverse de este modo el fallo judicial, Justo no se atrevió a señalar una cifra económica, entre otros motivos porque el contrato de conservación viaria ha superado ya el ecuador de la duración acordada.

Además, recordó que el contrato de las carreteras de Medianías y Cumbres anulado por el TSJC no es el único derivado del anterior mandato que el Cabildo tendrá que resolver en próximos meses ya que otros contratos de conservación viaria de otras comarcas también están pendientes de que el alto tribunal falle sobre los recursos presentados por la corporación insular contra otras sentencias anteriores favorables en primera instancia a la anulación.

El consejero de Hacienda desveló que el Cabildo no ha presentado finalmente el recurso de casación que cabía ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que resolvió el primero de los tres concursos públicos anulados en primera instancia. Tal sentencia desestimó el recurso de apelación del Cabildo contra la sentencia del 4 de julio de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno que adjudicó el contrato a Pérez Moreno.

La licitación de estos contratos se remonta al pasado mandato del Cabildo. La Consejería de Obras Públicas sacó a concurso y propuso la adjudicación de varios lotes pero luego desistió al recibir un escrito que denunciaba irregularidades en los pliegos. Finalmente concedió un trámite de subsanación de errores a las empresas que no habían cumplido los pliegos y volvió a proponer las adjudicaciones.

El Gobierno insular que tomó el relevo en 2015 aprobó los contratos pendientes y los mismos fueron denunciados en los tribunales por varias empresas.

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