Riu pone en marcha el ERE del hotel Oliva Beach

17/02/2020

Riu, propietaria del hotel de Corralejo, convoca a los trabajadores el próximo martes, 25 de febrero, para anunciar el inicio del ERE a la vista de que Costas no ha concedido el permiso para las obras de ampliación

Las previsiones más funestas se han cumplido para los casi 400 trabajadores del hotel Oliva Beach, en Corralejo. La cadena Riu, propietaria del establecimiento, los emplaza al próximo martes, 25 de febrero, para comunicarles el inicio de la tramitación de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Esta decisión se produce después de que el Ministerio de Transición Ecológica no haya concedido la licencia de obras de ampliación del hotel, que se encuentra en dominio público marítimo terrestre. De nada han servido las siete manifestaciones de la plantilla, cinco en Fuerteventura, una en la Delegación del Gobierno central en Las Palmas de Gran Canaria y la última ante la sede madrileña del ministerio, ni el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva. Ahora mismo, y según corrobora Adrián Fernández, miembro del comité de empresa por UGT y presidente de la plataforma ciudadana Salvar el Oliva Beach, los trabajadores se encuentran sumidos en la «total incertidumbre» sobre su futuro. «El Gobierno socialista, quien debería preservar los puestos de trabajo, les va a quitar su sustento y no se lo creen. Ellos son los que están poniendo los obstáculos y están haciendo lo posible para que nos manden para casa sin empleo», acusa el representante sindical.

La mayoría de estos casi 400 empleados tiene más de 20 y 30 años de antigüedad en el hotel que se inauguró en 1977 a las puertas de lo que se catalogó posteriormente como Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva. En la reunión del próximo martes, a las 12.00 horas, en el mismo Oliva Beach, Riu desvelará a qué tipo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se expone la plantilla, si total o parcial, con lo que la incertidumbre es mayor.

Permiso de obras primero, concesión administrativa en Costas después

En abril próximo se cumple el año de que Riu avisara a los trabajadores de que, a la vista de que el Ministerio de Transición Ecológica no daba el visto bueno a la rehabilitación del establecimiento, no quedaba otra alternativa que plantear un ERE. Los trabajadores solicitaron entonces una tregua con el fin de intentar acelerar la tramitación de la licencia de obras y pedir la colaboración de todas las instituciones y los cargos públicos.

La cadena propietaria concedió unos meses de plazo a la plantilla que no ha dejado de moverse y reunirse con unos y con otros, pero lo cierto es que de nada ha servido puesto que el despido colectivo es ya una realidad.

«El retraso en el inicio del ERE no ha servido para nada a la vista de la intransigencia del Ministerio, que no ha querido desbloquear el permiso de obras, por lo que la empresa propietario se ha visto obligada a citarnos el próximo martes y a retomar el expediente», confirma el comité de empresa que está dado de alta como parte interesada junto a Riu y ahora el Ayuntamiento de La Oliva. Una vez más, los trabajadores y la cadena propietaria volvieron esta misma semana a dirigirse a Transición Ecológica solicitando información sobre el estado de tramitación de la licencia de obras «y lo único que sabemos es que el Ministerio está mirando más informes porque quieren cuestionar la concesión administrativa en dominio público marítimo terrestre».

Los trabajadores sostienen que el proyecto de modernización del Oliva Beach es «viable y legal», da fe Adrián Fernández, por lo que insta al Gobierno central a que den la licencia «y luego ya acataremos si la concesión administrativa de hotel en Costas es legal o no, que lo decidirá un juez».

«Inacción y abandono de los socialistas y de Angel Víctor Torres»

Adrián Fernández es tajante: «echamos de menos la implicación de los parlamentarios socialistas (los únicos políticos que no se han dignado a sentarse con nosotros y que nos han abandonado) y creemos que la inacción del presidente canario Ángel Víctor Torres ha tenido estas consecuencias». De hecho, sostiene que «ningún presidente de una comunidad autónoma permitiría esto en sus territorio».